La investigación del caso se extendió durante años, revelando un posible fraude a gran escala. El dentista, Husam Aldairi, y sus empleados, Rawaa Attar, Lilyan Krikorian, Inci Narin, Laith Alani y Fadi Shammas, son acusados de conspiración para cometer un delito y fraude a Medi-Cal, delitos que podrían llevarlos a pasar varios años en prisión.
La investigación se centró en las clínicas de Aldairi, las cuales tenían un contrato con la Fundación de Salud Comunitaria Borrego, una organización que brinda atención médica a personas de bajos recursos. El modelo de pago a Aldairi se basaba en el número de visitas de pacientes, no en servicios específicos.
Sin embargo, se descubrió que Aldairi y sus empleados supuestamente presentaron facturas fraudulentas por servicios que no se realizaron o se presentaron como realizados en múltiples días, aunque en realidad no lo fueron. Se estima que las facturas fraudulentas superan los $847,000, un monto que representa un golpe significativo para el programa de salud estatal.
Las investigaciones continuarán para determinar el alcance total del fraude y garantizar que los fondos públicos se utilicen de forma responsable.