El programa, anunciado el 18 de junio por el presidente Joe Biden, permitía a las esposas de ciudadanos estadounidenses solicitar el "Parole in Place", un permiso que les permitiría obtener la residencia permanente sin enfrentar la amenaza de separaciones prolongadas. Se estima que alrededor de 550,000 personas podrían beneficiarse.
Sin embargo, la alegría se vio truncada por un juez federal que, respondiendo a una demanda de 16 fiscales republicanos, bloqueó temporalmente el programa. El juez argumentó que la política de Biden violaba las leyes creadas por el Congreso y equivalía a una amnistía general.
La abogada en migración de Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), Sandy Benítez, enfatiza la resiliencia de la comunidad a pesar de la incertidumbre: "Tienen la esperanza de que se va a proceder a favor".
A pesar de la pausa, organizaciones como CHIRLA y Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN) continúan aceptando solicitudes. Julie Mitchell, abogada de CARECEN, anima a quienes califiquen para el programa a evaluar cuidadosamente sus opciones: "Es una decisión personal; deben considerar sus opciones", dice, sugiriendo consultas individuales para determinar el mejor camino.
Para ser elegibles para el "Parole in Place", los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos:
- Estar casados con ciudadanos estadounidenses.
- Haber vivido en Estados Unidos durante al menos diez años.
- Haber ingresado al país sin admisión ni libertad condicional.