Esta medida, impulsada por el gobernador Greg Abbott, intensifica la batalla entre el estado y la administración Biden en materia de inmigración.
¿El objetivo? Rastrear el gasto en pacientes que no son residentes legales para que Texas pueda intentar recuperar el dinero del gobierno federal. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Se argumenta que la nueva política podría generar miedo en las personas que necesitan atención médica crítica, aunque los pacientes tienen derecho a negarse a responder.
La situación recuerda a la política implementada el año pasado en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis, otro crítico de la gestión federal sobre la inmigración, también exigió a los hospitales hacer preguntas sobre el estatus migratorio de los pacientes.
La medida en Florida generó confusión y temor entre las comunidades inmigrantes. Los hospitales de Texas, por su parte, han estado preparándose durante meses para este cambio y han tratado de tranquilizar a los pacientes asegurando que esto no afectará la calidad de la atención.
La realidad es que, bajo la orden ejecutiva de Abbott, los hospitales deben preguntar si los pacientes son ciudadanos estadounidenses y si están legalmente en el país. Sin embargo, los pacientes tienen derecho a retener esa información. Y, según la ley federal, los trabajadores del hospital deben informarles que sus respuestas no afectarán su atención.
Los hospitales de Texas no están obligados a enviar informes al estado hasta marzo. Un borrador de hoja de cálculo para rastrear los datos no incluye nombres ni información personal de los pacientes.
El debate sobre la inmigración continúa en Estados Unidos, y Texas se suma a la polémica. Resta por ver el impacto real de esta nueva medida en la atención médica y la confianza de la comunidad inmigrante en Texas.