Según Almudena Abeyta, superintendente de las Escuelas Públicas de Chelsea, un suburbio de Boston, "los niños todavía vienen a la escuela, pero están asustados". Abeyta agregó que los estudiantes preguntan si serán deportados y si sus padres estarán seguros. La superintendente envió una carta a los padres de los estudiantes asegurándoles que sus hijos son bienvenidos y están seguros en la escuela, sin importar quién sea el presidente del país.
La política de "lugares delicados" del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) establece que los agentes de inmigración no deben arrestar ni realizar otras acciones policiales cerca de escuelas, hospitales y lugares de culto. Sin embargo, el Proyecto 2025, un plan de acción de la Heritage Foundation, exige rescindir esta directriz. Trump ha nominado a varios de los que trabajaron en este plan para que ocupen puestos en su nuevo gobierno.
Los educadores y observadores jurídicos advierten que si los agentes de inmigración arrestaran a un padre mientras deja a sus hijos en la escuela, podría desencadenar un pánico masivo. Angelica Salas, directora ejecutiva del grupo activista Coalition for Humane Immigrant Rights, dijo que "si algo sucede en una escuela, se propaga como un reguero de pólvora y los niños dejan de asistir a la escuela".
Los distritos escolares están preparándose para enfrentar este escenario. Gustavo Balderas, superintendente en Beaverton, dijo que su escuela capacitará al personal para no permitir que los agentes migratorios ingresen a la escuela. Balderas agregó que "con Trump puede ocurrir cualquier cosa" y que "si algo pasa, siento que sucederá mucho más rápido que la vez pasada".
Los funcionarios escolares están siendo cautelosos al hablar sobre sus planes o preocupaciones, algunos por miedo a llamar la atención sobre sus estudiantes inmigrantes. Un administrador escolar, que atiende a muchos hijos de inmigrantes mexicanos y centroamericanos, dijo que su escuela ha invitado a abogados de inmigración para ayudar a los padres a formalizar planes para el cuidado de sus hijos en caso de que sean deportados.
La junta escolar de Denver aprobó una resolución en 2017 en la que prometió proteger a sus estudiantes de las autoridades de inmigración que fueran tras ellos o su información. Según la resolución, Denver no "les concederá el acceso a nuestros estudiantes" a menos que los agentes federales proporcionen una orden de registro válida.