Estas visas, conocidas como H-2B, están diseñadas para abordar la creciente demanda de mano de obra en sectores que dependen de trabajadores temporales para operar durante picos estacionales. Sin embargo, la medida ha generado incertidumbre entre activistas y migrantes en Ciudad Juárez, quienes advierten del impacto migratorio en la frontera de México y en la inflación de Estados Unidos por las deportaciones masivas que podría realizar el futuro gobierno de Donald Trump.
Según "la raza latina, desde el último país que está en Suramérica hasta México, todos los mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, son los que están levantando la economía a Estados Unidos", comentó el venezolano Milkar Linares, quien está varado en Ciudad Juárez. Aunque hay incertidumbre por las medidas de Trump y el impacto en los migrantes, Linares piensa que al final se impondrá la realidad económica.
El profesor Emilio Alberto López, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, expuso que "Estados Unidos, a través de una crisis macroeconómica tiene una inflación bastante fuerte, también va a tener unos retos muy fuertes, y casi creo yo que va como en ese sentido, dar la posibilidad de estos empleos, pero básicamente temporales". Esto contrasta con el Gobierno de Biden, que ha buscado retomar el Programa Bracero para traer trabajadores mexicanos temporales.
De las 64 mil visas adicionales, al menos 20 mil estarán reservadas para trabajadores de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, además de Haití. El resto se asignará a otras regiones del mundo, con prioridad para empleadores que demuestren una necesidad urgente y específica.
Asociaciones empresariales en Estados Unidos han aplaudido la medida de Biden por considerarla un paso importante para garantizar la continuidad de las operaciones en sectores clave. Sin embargo, el profesor López Reyes advirtió que "estas visas ya han sido criticadas por algunos expertos, sobre todo aquellos que trabajan en cuestiones de trata de personas, debido a que es muy fácil que haya explotación de los trabajadores".
El Gobierno estadounidense ha prometido implementar medidas más estrictas para supervisar el cumplimiento de las leyes laborales en este programa, incluyendo inspecciones más frecuentes y sanciones más severas para empleadores que incurran en prácticas ilegales.