La ley HB-10, que ha sido aprobada tras superar un veto del gobernador Roy Cooper, elimina las políticas de "santuario" en los condados y obliga a los alguaciles a colaborar plenamente con las agencias federales en casos migratorios. Esta legislación exige que los alguaciles verifiquen el estatus migratorio de las personas detenidas por delitos graves, como homicidios, y ciertos delitos menores, como conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.
Además, la ley permite que ICE emita órdenes de detención para retener a los detenidos hasta 48 horas, facilitando su posible deportación. "Cualquier interacción con la policía, incluso por infracciones menores como una infracción de tránsito, podría resultar en la revisión del estatus migratorio de las personas involucradas", advierte el abogado William Vásquez.
La entrada en vigor de la ley ha generado preocupaciones en las comunidades inmigrantes de Carolina del Norte. Organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes temen que la nueva legislación aumente los casos de perfil racial y las detenciones arbitrarias. Los defensores de los derechos humanos advierten que, al convertir a las autoridades locales en agentes de ICE, se podría dificultar la cooperación de la comunidad en investigaciones de delitos graves.
Para ayudar a la comunidad inmigrante a enfrentar los desafíos de la nueva ley, se han emitido varias recomendaciones. Los expertos legales sugieren que los inmigrantes:
- Eviten conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas
- Porten una licencia de conducir válida
- Conozcan sus derechos legales, como el derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado en caso de detención