El complejo y costoso proceso de deportación masiva en Estados Unidos
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Nicol Matuz ScottSegún las leyes de inmigración de Estados Unidos, hay varias razones por las que una persona puede ser detenida y deportada, como ingresar ilegalmente al país, cometer un delito, violar las leyes de inmigración o representar una amenaza para la seguridad pública. Si una persona es detenida, es llevada a un centro de detención de inmigración, donde su caso será revisado por un juez de inmigración.
El tiempo promedio para que un caso llegue a un tribunal de inmigración es de 1.016 días, lo que equivale a casi tres años, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Sin embargo, existen excepciones en el proceso de deportación que pueden acelerar los casos, como el programa "Rapid REPAT" que permite a los inmigrantes que cometieron delitos no violentos regresar voluntariamente a su país de origen.
Una vez que un caso llega a un tribunal de inmigración, el juez examina las pruebas y decide si la deportación debe proceder. Si se emite una orden de deportación, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) es responsable de ejecutar dicha orden. Sin embargo, antes de que la deportación sea llevada a cabo, la persona podría ser elegible para salir de EE. UU. por su cuenta, en un proceso conocido como "salida voluntaria".
El costo de una deportación es considerable, con un costo promedio de aproximadamente 10.900 dólares para aprehender, detener, procesar y deportar a un inmigrante indocumentado, según el ICE en 2016. Además, el costo de transportar a la persona deportada a su país de origen rondaba los 1.978 dólares. En total, una sola deportación podría costar más de 12.000 dólares.
El plan de deportaciones masivas propuesto por Donald Trump ha generado preocupación entre muchos inmigrantes, quienes temen que se intensificaría la presión sobre el sistema de justicia de inmigración y los recursos federales. Sin embargo, el sector privado y Wall Street no parecen estar tomando estas propuestas con seriedad.
Es importante destacar que el proceso de apelación es posible, pero requiere asesoría legal, y los inmigrantes que sientan que sus derechos civiles han sido violados durante su detención o deportación pueden presentar una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional.
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