La propuesta, que ha sido diseñada para eliminar las limitaciones actuales que restringen la acción de la Patrulla Fronteriza y expandir las capacidades de las autoridades migratorias, plantea la revocación de varias leyes y regulaciones que protegen a los inmigrantes. "La derogación de la Sección 235 de la Ley William Wilberforce de 2008 es uno de los aspectos más destacados de este proyecto", señala un experto en migración. Esta disposición actualmente garantiza la protección a los niños no acompañados de países fuera de la región fronteriza, permitiéndoles recibir una evaluación judicial antes de ser deportados.
Entre las normativas que se buscan eliminar se encuentran el Acuerdo Flores de 1997, que establece los estándares para el trato de los menores detenidos en la frontera, y varias regulaciones que han sido vistas como obstáculos para las deportaciones. Además, el plan propone modificar los criterios para el asilo, haciendo más estrictos los requisitos de calificación y eliminando la libertad condicional que permite a algunos inmigrantes esperar en libertad mientras se resuelven sus casos legales.
El Proyecto 2025 también planea ampliar el uso de las deportaciones expeditas, un proceso que permite la expulsión rápida de inmigrantes sin papeles. Esta medida fue introducida en 1996 y, bajo el plan, podría extenderse más allá de las 100 millas de la frontera, abarcando todo el territorio estadounidense. Las autoridades, como la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional, tendrían más poder para llevar a cabo redadas en lugares considerados "zonas sensibles", como escuelas, hospitales e iglesias.
En términos de ejecución, el Proyecto 2025 contempla una intensificación de las operaciones del ICE, con la asignación de agentes de investigaciones criminales para garantizar el cumplimiento de la ley. Además, se insta a la implementación de un sistema de deportación rápida, que podría abarcar a un millón y medio de inmigrantes en su primer año.
Las críticas al Proyecto 2025 no se han hecho esperar. Organizaciones proinmigrantes como la ACLU y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) han advertido sobre los efectos negativos de una política migratoria más dura. Se subraya que la deportación masiva de inmigrantes podría tener un impacto económico devastador, con una posible reducción de $1.7 billones en el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos.
A pesar de estas críticas, el plan conserva el apoyo de muchos sectores conservadores, que lo consideran necesario para restaurar el orden y frenar la inmigración ilegal. "La política migratoria de 'tolerancia cero' es necesaria para proteger la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos", señala un portavoz del partido republicano.