Según los republicanos, la inmigración ilegal está directamente vinculada al aumento del crimen en el país, especialmente al narcotráfico. Senadores como Lindsey Graham, John Kennedy, Marsha Blackburn, Thom Tillis, Josh Hawley y Ted Cruz argumentaron que la necesidad de deportar a los indocumentados es crucial para controlar la frontera.
El senador Lindsey Graham enfatizó la urgencia de comenzar las deportaciones lo antes posible para evitar un flujo continuo de inmigrantes indocumentados. "Si no hay salidas, las entradas continuarán", dijo Graham, refiriéndose a la necesidad de poner fin a lo que él considera un "incumplimiento de la ley".
Por otro lado, expertos como Aaron Reichlin-Melnick, Senior Fellow del American Immigration Council, defendieron los aportes positivos de los inmigrantes a la economía estadounidense y señalaron que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales. Reichlin-Melnick destacó que las deportaciones masivas afectarían gravemente a millones de familias, incluidos cinco millones de niños estadounidenses con al menos un padre indocumentado.
El general Randy Manner, quien fue llamado como testigo, aclaró que la Guardia Nacional no está entrenada para realizar deportaciones y que esta función recae en las agencias federales encargadas de la aplicación de la ley.
Según Reichlin-Melnick, implementar el plan de deportaciones de Donald Trump, que afectaría a más de dos millones de inmigrantes, costaría más de 300,000 millones de dólares. A pesar de estos costos y de las preocupaciones sobre el impacto en las familias y la economía, los senadores republicanos reafirmaron su apoyo al plan, insistiendo en que la prioridad debe ser restablecer el orden en la frontera y proteger a los ciudadanos estadounidenses.