1,360 niños separados de sus padres: Secuelas de la política migratoria de Trump
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Nicol Matuz ScottSe habla de una cifra escalofriante: 1,360 niños y niñas siguen separados de sus padres seis años después de una política migratoria implementada durante el gobierno de Donald Trump. Esta política, conocida como de "tolerancia cero", se describe en el documento como una "desaparición forzada", debido a la opacidad y la negativa a revelar el paradero de los menores durante años.
El informe no solo cuantifica el problema, sino que también profundiza en los detalles. Se documentan casos concretos de funcionarios que llevaron a cabo estas separaciones como una forma de "disuasión para otras familias". Incluso, se identifican agentes que intervinieron activamente para mantener la separación, incluso cuando otras agencias federales promovían la reunificación.
“Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias. Un gobierno nunca debe actuar contra niños y niñas para enviar un mensaje a sus padres”, declaró Michael García Bochenek, abogado sénior de la división de derechos infantiles de HRW.
Mientras que el informe reconoce los esfuerzos del presidente Joe Biden para mitigar el daño, como la concesión de permisos temporales a los padres y la provisión de servicios de salud mental, la falta de rendición de cuentas de los responsables preocupa profundamente. La sombra del regreso de Donald Trump al poder y la posibilidad de que figuras clave de su administración anterior, como Thomas Homan (nominado para "zar de la frontera") y Stephen Miller (propuesto como subjefe de políticas internas), asuman puestos de poder, intensifica la inquietud.
El informe concluye con un llamado al Senado para que rechace estas nominaciones y recomienda la implementación de medidas para resarcir a las familias afectadas, incluyendo "una rendición de cuentas pública, una disculpa y otras medidas que incluyan posibles procesos penales". La situación deja abierta una profunda herida social y plantea interrogantes sobre la justicia y la protección de los derechos de los menores migrantes en la frontera.
La investigación deja al descubierto las secuelas de una política que, según el informe, se asemeja a la tortura debido a su carácter deliberado para causar sufrimiento grave. Los detalles específicos de cada caso, aún no revelados públicamente en su totalidad, prometen dar luz a una realidad dolorosa y compleja.
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