Prisión secreta ICE en Guantánamo: Migrantes en condiciones inhumanas
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Nicol Matuz ScottEste caso, en particular, involucra una situación que podría dejarte con la boca abierta.
El periodista José Olivares, de The Guardian, ha destapado información sorprendente al investigar los contratos de la administración Biden con prisiones privadas de ICE. Su investigación, publicada en el podcast 'El Diario Sin Límites', revela detalles sobre una instalación en la base militar de Guantánamo, utilizada para procesar migrantes interceptados en el Caribe.
No se trata de la infame prisión de Guantánamo conocida por albergar sospechosos de terrorismo. Esta es una instalación separada, ultrasecreta, operada por ICE y dedicada a procesar a migrantes que solicitan asilo. Lo más impactante: las condiciones de detención.
Según Olivares, "cuando arrestan a migrantes... si necesitan ir al médico o algo, cuando los transportan en la isla les ponen ‘goggles’ para que no vean nada, les ponen audífonos para que no escuchen nada y esposas para que no se muevan". Esto aplica, según su investigación, a migrantes provenientes de Cuba, Haití, República Dominicana y otros países del Caribe.
Este procedimiento, que limita severamente los sentidos y la movilidad de los detenidos, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Olivares cita la indignación de activistas que, al enterarse de estas prácticas, cuestionaron la falta de información pública sobre las condiciones de esta prisión.
La información obtenida por Olivares, a través del análisis de cientos de documentos y reportes, revela que el uso de esta instalación para migrantes data, al menos, de la presidencia de George W. Bush. La falta de transparencia sobre las condiciones de detención y los procesos judiciales seguidos en este centro de detención plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos de los solicitantes de asilo.
La investigación de Olivares destaca la dificultad de acceder a información sobre esta prisión de ICE en Guantánamo, ya que su funcionamiento se mantiene en gran medida oculto, bajo el pretexto de la seguridad nacional. A pesar de las investigaciones existentes, la falta de datos públicos impide una evaluación completa de la situación y sus implicaciones para los derechos humanos.
El uso de contratos con empresas privadas como CoreCivic y GEO Group para la administración de esta instalación añade otra capa de complejidad a esta situación. Esta información resalta la necesidad de un mayor escrutinio sobre la gestión de las prisiones de ICE y la protección de los derechos de los migrantes en el proceso de solicitud de asilo.
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