Revelan detalles de la polémica política de separación familiar en el primer Gobierno de Trump
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Nicol Matuz ScottUn informe de 135 páginas, publicado por Human Rights Watch y elaborado en colaboración con el Texas Civil Rights Project y la Lowenstein International Human Rights Clinic de la Universidad de Yale, pone el foco en tres nombres: Tom Homan, Matthew Whitaker y Stephen Miller.
Estos individuos, según el reporte, jugaron un papel fundamental en la implementación de la política de "tolerancia cero" durante el primer mandato de Donald Trump, una política que llevó a la separación de más de 4.600 niños migrantes de sus padres entre 2018 y 2021. "Tenemos que discutir mi propuesta de separación", escribió Homan en un correo electrónico de agosto de 2017, según documentos a los que tuvo acceso Human Rights Watch.
El informe detalla cómo se orquestó esta política. Se describe un escenario en el que, a partir de mayo y junio de 2018, miles de niños fueron separados de sus familias. La falta de registro y la ausencia de una estrategia de reunificación resultaron en que los menores fueran confinados en centros de detención con condiciones deplorables: "sin acceso a servicios básicos, como duchas, camas o alimentos suficientes".
Aunque una orden ejecutiva supuestamente detuvo la práctica en junio de 2018, la separación de familias continuó, aunque a menor escala, hasta el final del primer mandato de Trump. Actualmente, casi el 30% de los niños separados permanecen en paradero desconocido.
El reporte destaca los roles específicos de cada uno de los tres personajes mencionados. Homan, futuro "zar de la frontera", es señalado por su defensa de la separación familiar. Whitaker, nombrado embajador ante la OTAN, apoyó la política meses antes de su implementación. Y Miller, futuro jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, es acusado de impulsar la separación forzosa desde las primeras etapas del gobierno, con la cita de un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional quien asegura que Miller “Nos dejó claro que si empiezas a tratar a los niños lo suficientemente mal, podrás convencer a otros padres para que dejen de intentar venir con los suyos”.
Human Rights Watch urge al Senado a rechazar a cualquier candidato que haya participado en la política de separación familiar. El informe también incluye una lista de 10 funcionarios gubernamentales implicados. Aunque la confirmación del nombramiento de Whitaker requiere la aprobación del Senado, la publicación del informe busca una rendición de cuentas pública.
El informe recopila testimonios desgarradores de padres e hijos, describiendo consecuencias devastadoras, incluyendo ansiedad, pesadillas y dificultades para establecer vínculos afectivos. La organización afirma que las acciones del gobierno podrían constituir violaciones de derechos humanos, incluyendo desaparición forzada y tortura, exigiendo una investigación y posibles procesos penales.
El documento finaliza enfatizando la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la separación de familias y la necesidad de medidas para evitar que se repitan en el futuro.
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