Recientemente, un giro inesperado ha sacudido el panorama político.
El foco se centra en Donald Trump, quien, tras su victoria en las elecciones presidenciales, ha emprendido acciones legales contra el Des Moines Register y la encuestadora J. Ann Selzer. La demanda, presentada en el tribunal estatal de Iowa en el condado de Polk, alega que tanto el periódico como la encuestadora participaron en prácticas engañosas que, según la demanda, violaron las leyes de fraude al consumidor del estado.
El detonante de la controversia fue una encuesta publicada días previos a las elecciones. Esta encuesta, realizada por Selzer y publicada por el Des Moines Register, predecía una ventaja de tres puntos para la vicepresidenta Kamala Harris en Iowa. Sin embargo, los resultados electorales mostraron una victoria abrumadora para Trump, con un margen de 14 puntos. Este desfase significativo entre la encuesta y los resultados reales es lo que sustenta la demanda de Trump.
La demanda argumenta que: “El error de Selzer en las encuestas no fue una coincidencia sorprendente: fue intencional.” Se acusa a la encuestadora y al periódico de manipulación intencional para influir en los resultados electorales, utilizando metodologías cuestionables. Si bien la demanda exige una compensación por daños y perjuicios, no especifica un monto monetario.
Por su parte, Lark-Marie Anton, portavoz del Des Moines Register, emitió una declaración reconociendo el error en la publicación de la encuesta. Señaló que se publicaron datos demográficos completos, tablas cruzadas y datos ponderados y no ponderados, incluyendo una explicación técnica de la metodología. La declaración del periódico implica una aceptación de responsabilidad, aunque no se extiende a admitir una intención de manipulación.
Este caso se suma a otros enfrentamientos legales que Trump ha sostenido con medios de comunicación. Recientemente, llegó a un acuerdo con ABC News por una cantidad de $15 millones de dólares tras una demanda similar relacionada con una entrevista con Kamala Harris.
El desarrollo de este caso promete ser un punto de inflexión en la discusión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la precisión de las encuestas electorales en el contexto de las campañas políticas en México y Estados Unidos.