El foco se centra en Christina Salazar, una joven madre de 23 años, y sus cuatro hijos, incluyendo unos bebés gemelos nacidos en Houston, Texas. El 11 de diciembre, la familia acudió a una cita con agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas). Lo que parecía una simple formalidad se convirtió en una pesadilla.
Según reportes del canal KHOU 11 de Texas, la cita se convirtió en un arresto inmediato. “Fueron tratados como si fueran criminales de alto riesgo,” declaró un abogado de la familia. Salazar y sus hijos fueron deportados a Reynosa, Tamaulipas, México, dejando atrás al padre, Federico Arellano Jr., un ciudadano estadounidense que ahora lucha legalmente para recuperar a su familia.
El caso presenta una situación particularmente sensible: los gemelos, ciudadanos estadounidenses por nacimiento gracias a la Enmienda 14 de la Constitución, fueron deportados junto con su madre. Esto ha generado preocupación y cuestionamientos sobre los procedimientos de ICE, especialmente en el contexto del debate nacional sobre las políticas migratorias.
La familia había perdido una cita previa el 9 de octubre debido al parto de los gemelos. Aunque se les prometió una nueva fecha, nunca se concretó. Esta falta de comunicación y la posterior deportación inmediata han intensificado las críticas a las autoridades migratorias.
Arellano Jr. describe la situación como una “trampa”, ya que la familia asistió a la cita con la expectativa de una audiencia migratoria, no de una deportación inmediata. La falta de apoyo familiar en Reynosa agrava aún más la situación para Salazar y sus hijos.
Mientras el caso genera un debate público y legal, la ausencia de comentarios oficiales por parte de ICE deja varias preguntas sin respuesta, destacando la urgencia de clarificar los procesos y protocolos aplicados en casos similares, garantizando el respeto de los derechos de todos los involucrados, especialmente de los menores.