Un reporte reciente de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), obtenido a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), desvela planes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expandir significativamente su capacidad de detención de inmigrantes en siete estados: California, Kansas, Nevada, Nuevo México, Nueva Jersey, Texas y Washington. Esta expansión, según la ACLU, permitiría la implementación de deportaciones a gran escala.
La abogada Eunice Cho, del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, declaró: “No se pueden tener deportaciones masivas sin una expansión significativa de la capacidad de detención de ICE...” La declaración subraya la estrecha relación entre la ampliación de las instalaciones y la posibilidad de una política migratoria más restrictiva. Las implicaciones de este plan son vastas y potencialmente impactantes para miles de migrantes.
El reporte destaca la participación de empresas privadas en la gestión de estos centros de detención. GEO Group, Inc., CoreCivic y Management & Training Corporation (MTC) figuran entre las compañías que han presentado proyectos de expansión. Este hecho ha generado preocupación, ya que algunas de estas instalaciones tienen un historial de denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos.
La ACLU cita ejemplos concretos: el Midwest Regional Reception Center en Leavenworth, Kansas, con un pasado marcado por la rescisión de un contrato debido a abusos; el South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas, donde se han registrado muertes de menores debido a deficiencias en la atención médica; y el Centro de Detención del Sur de Nevada en Pahrump, investigado por negligencia médica, discriminación y abuso verbal.
También se menciona la inclusión en los planes de expansión del Centro Correccional del Condado de Cibola en Milan, Nuevo México, y el Centro de Detención del Condado de Torrance en Estancia, ambos con antecedentes de reportes negativos sobre sus condiciones. En California, se pretende ampliar el Centro Correccional de California City, una antigua prisión estatal. La ACLU lamenta la falta de transparencia en torno a otras instalaciones que podrían ser objeto de expansión.
El reporte de la ACLU concluye enfatizando la fuerte dependencia del gobierno federal de corporaciones penitenciarias privadas en el sistema de detención de inmigrantes. “Corporaciones penitenciarias privadas… se han embolsado miles de millones de dólares de los contratos de detención del ICE…”, señala el documento, destacando la magnitud económica implicada en este sistema. Además de la expansión de las instalaciones, también se planean aumentos en el monitoreo de inmigrantes y en el personal de detenciones.
Aunque estos planes se iniciaron durante la administración Biden, la posibilidad de que la administración entrante los utilice para una política de deportaciones masivas genera incertidumbre. La declaración de Tom Homan, futuro "zar de la frontera", de iniciar las deportaciones masivas "desde el primer día", añade una capa más de complejidad a este panorama.