El año es 1989, José y Kitty Menéndez, padres de Lyle y Erik, son encontrados sin vida en su mansión. El escándalo estalla. Los hermanos Menéndez son arrestados y acusados de parricidio. Durante el juicio, se alegó que los hermanos sufrieron años de "abusos físicos y sexuales por parte de su padre," una defensa que, en aquel momento, no fue suficiente para evitar la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para ambos.
Pero el tiempo pasa, y con él, las perspectivas cambian. Un nuevo capítulo se abre en esta historia con la iniciativa del entonces fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, quien solicitó la revisión de las sentencias de Lyle y Erik. La idea era reevaluar sus condenas, considerando el tiempo cumplido y la posibilidad de una reintegración social. Sin embargo, la propuesta ha tomado un rumbo inesperado.
En lugar de una revisión conjunta, se está considerando la posibilidad de una evaluación individual de cada caso. Esto significa que la libertad de uno de los hermanos podría ser posible, mientras que el otro permanecería en prisión. Esta decisión se basaría en una exhaustiva valoración de:
- Su comportamiento en prisión.
- Su participación en programas de rehabilitación.
- Su aceptación de responsabilidad por sus acciones.
Este giro en el caso, a más de tres décadas de los hechos, mantiene la atención fija en las próximas audiencias, dejando abierta la posibilidad de un final distinto al que muchos esperaban para ambos hermanos.