El nombre de Elon Musk resuena con fuerza en los pasillos del Congreso. Más allá de sus logros empresariales, su creciente influencia política ha despertado preocupación, llegando incluso a ser apodado, en círculos privados, como “presidente Musk” o “vicepresidente Musk”. Su millonaria inversión en la campaña del presidente electo, Donald Trump, —más de 200 millones de dólares— ha solidificado su posición como un actor clave en la escena política estadounidense, generando alarma entre aliados internacionales como Israel.
“Secretos de Estado bajo riesgo”, titulan algunos informes internos. SpaceX, la empresa de Musk, está bajo investigación por parte de tres entidades federales: la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea y la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad. Las investigaciones se centran en el incumplimiento reiterado de los protocolos de seguridad nacional en el manejo de información clasificada desde 2021. Se les acusa de no reportar viajes, consumo de sustancias y encuentros internacionales, lo que ha generado una falta de transparencia que preocupa a las autoridades.
La situación se complica aún más con el nombramiento de Musk al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Este puesto le otorgará un acceso sin precedentes a información gubernamental, a pesar de las preocupaciones expresadas por funcionarios de defensa y senadores como Jeanne Shaheen. El acceso potencial a información clasificada, incluso la más confidencial, es un tema de gran preocupación para los aliados internacionales, temiendo posibles filtraciones o uso indebido de esta información.
Las controversias no terminan ahí. El historial de Musk, con declaraciones públicas sobre su consumo de marihuana, ketamina y LSD, complica aún más el panorama. Abogados de SpaceX han advertido sobre los riesgos de insistir en obtener una autorización de mayor nivel para acceder a información clasificada, lo cual podría significar la pérdida de los permisos actuales. A pesar de las aseguraciones de SpaceX sobre la no participación de Musk en reuniones con información altamente confidencial, persiste la preocupación sobre su acceso indirecto a información sensible, considerando los proyectos críticos que SpaceX maneja, incluyendo el lanzamiento de satélites militares.
Recientemente, la presión mediática generada por la intervención de Musk en el debate presupuestario, con más de 150 mensajes en su red social X, ha intensificado el debate. Sus declaraciones, incluyendo afirmaciones sobre un supuesto aumento del 40% en los salarios de los miembros del Congreso, han resultado ser tergiversaciones de la información, según revelaron análisis del New York Times y Punchbowl News. El paquete presupuestario, de hecho, contempla un aumento salarial de apenas 3.8%, equivalente a $6,600.
Con la alineación política entre Trump y Musk, la posibilidad de una flexibilización en las reglas de seguridad nacional se cierne sobre el futuro inmediato. Las consecuencias de esta compleja situación siguen siendo inciertas y las repercusiones, tanto a nivel nacional como internacional, aún están por verse.