En el centro de la disputa se encuentra la venta de materiales destinados a la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Esta venta, autorizada por la administración Biden, ha provocado la reacción airada del equipo legal de Donald Trump.
Según un comunicado emitido por Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, “El presidente Trump ha presentado un escrito amicus curiae en el Distrito Sur de Texas...” Este documento solicita la intervención de un juez federal para detener la venta, calificándola como una “venta de liquidación” a precios irrisorios. El comunicado acusa a la administración Biden de acciones ilegales, inconstitucionales y posiblemente criminales.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional, permite la venta o donación de materiales sobrantes a estados fronterizos, siempre y cuando se destinen a la renovación de barreras existentes, no a la construcción de nuevas. Sin embargo, la estrategia de Trump busca revertir esta situación.
El Departamento de Defensa ha declarado que ya se ha distribuido todo el material sobrante. Aduanas y Protección Fronteriza, así como los estados de Texas y California, recibieron parte de los materiales meses atrás. El resto fue vendido a GovPlanet, una empresa especializada en subastas de excedentes gubernamentales.
Los abogados de Trump, sin embargo, argumentan que la transferencia de materiales desde el Departamento de Defensa al Departamento de Seguridad Nacional fue irregular. Esta irregularidad es el eje central de su estrategia legal para frenar la venta y exigir una investigación sobre el destino de millones de dólares en materiales.
El conflicto se centra en la interpretación de la ley y en la legitimidad del proceso de venta. La decisión judicial que se tome tendrá consecuencias políticas importantes, repercutiendo en la imagen pública de ambas administraciones y en la ejecución de las políticas migratorias de Estados Unidos.