Biden conmuta 37 sentencias de muerte: Un legado controvertido
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Nicol Matuz ScottA menos de un mes de dejar la Casa Blanca, Joe Biden ha tomado una acción que resonará por años: la conmutación de las sentencias de muerte de 37 personas condenadas a nivel federal. Esta medida, anunciada el lunes pasado, convierte las condenas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La Casa Blanca emitió un comunicado explicando que esta decisión se alinea con la "moratoria a las ejecuciones federales" impuesta en 2021. Este no es un acto aislado; Biden ha manifestado públicamente su postura en contra de la pena de muerte a nivel federal, con excepciones para casos de terrorismo y asesinatos masivos motivados por el odio.
Esta acción, sin embargo, no está exenta de controversias. Entre los beneficiados se encuentran figuras como Daniel Troya y Ricardo Sánchez Jr., condenados en Florida por un cuádruple homicidio relacionado con drogas, y Jorge Avila-Torrez, miembro de la Mara Salvatrucha, sentenciado por el asesinato de dos niñas y un oficial naval. También se encuentra Edgar Baltazar García, de origen mexicano, condenado por el asesinato de un recluso en Texas.
La administración Biden argumenta que esta medida se enmarca en un esfuerzo por crear un sistema de justicia más justo y eficaz. En ese sentido, cabe recordar el indulto otorgado a aproximadamente 1,500 estadounidenses este mismo mes, incluyendo conmutaciones para casi 1,500 personas que cumplieron confinamiento domiciliario durante la pandemia. Además, el presidente Biden ha otorgado indultos categóricos a personas condenadas por posesión de marihuana y a exmiembros de las fuerzas armadas LGBTQI+ condenados por conducta privada debido a su orientación sexual.
Las palabras del presidente fueron contundentes: "Condeno a estos asesinos, lamento las víctimas de sus actos despreciables y lo siento por todas las familias que han sufrido pérdidas inimaginables e irreparables." A pesar del dolor evidente, Biden justifica su decisión como un paso necesario hacia un futuro donde la pena de muerte a nivel federal sea una práctica del pasado. Su conclusión: “Con la conciencia tranquila, no puedo dar un paso atrás y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve.”
Este acto presidencial marca un precedente, generando un debate complejo sobre la justicia, el perdón y el papel del poder ejecutivo en el final de un mandato.
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