Cierre de albergues en Nueva York deja a miles de familias migrantes en la calle
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Nicol Matuz ScottRosa, madre soltera de cinco hijos, llegó a Nueva York hace un año, huyendo de Venezuela en busca de un futuro mejor. Con sus hijos de 9, 14, 15, 20 y 22 años, encontró refugio en este campamento, un gigantesco espacio improvisado en un antiguo aeródromo. Un hogar improvisado, sí, pero un hogar al fin y al cabo, hasta ahora.
La noticia del cierre inminente de 25 albergues para inmigrantes en Nueva York, incluyendo el Floyd Bennett Field, cayó como una bomba. El anuncio, hecho por el alcalde Eric Adams el 10 de enero, sentenció el desalojo de miles de familias, entre ellas, la de Rosa. “No sé qué voy a hacer,” lamenta Rosa, su voz cargada de preocupación.
El alcalde Adams justifica la medida alegando una disminución en el número de migrantes recién llegados y la necesidad de optimizar recursos. “Gracias a nuestras inteligentes estrategias de gestión, hemos dado la vuelta a la esquina,” afirmó Adams, quien en los últimos dos años ha destinado más de 6.000 millones de dólares a la crisis migratoria. Sin embargo, la perspectiva de reubicación, con la incertidumbre de un nuevo alojamiento y la interrupción del año escolar de sus hijos, llena de angustia a Rosa.
La familia Herrero no es un caso aislado. Miles de migrantes se enfrentan a la misma situación. Organizaciones como la Coalition for the Homeless y la Legal Aid Society, aunque celebran el cierre de un centro considerado inadecuado, instan al gobierno a priorizar un proceso de reubicación que minimice el impacto en las familias, especialmente en los niños. La preocupación aumenta ante la proximidad del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la posible implementación de una agenda migratoria más restrictiva.
El cierre del albergue expone un problema mayor: el acceso a la vivienda. Para Rosa, conseguir un apartamento en la competitiva ciudad de Nueva York se antoja una tarea casi imposible, a pesar de tener un buen puntaje de crédito y un empleo estable. Las exigencias de las agencias inmobiliarias, como un historial de crédito más amplio, la dejan en una situación precaria. “Yo no vine a este país a ser una carga del Gobierno,” asegura con frustración.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) reclama a la administración Adams soluciones a largo plazo, abogando por expandir programas como CityFHEPS para que incluya a migrantes indocumentados. Mientras, Rosa, como tantos otros, se aferra a la esperanza de un futuro mejor, esperando un cambio en un sistema que, hasta ahora, la ha dejado en una encrucijada.
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