El centro de la polémica reside en la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles, dirigida por Nathan Hochman. Acusaciones de conflicto de interés, presentadas inicialmente en medios de comunicación, han puesto en tela de juicio la imparcialidad del proceso. Según Fox News, la defensa de los hermanos Menéndez busca la intervención de la Fiscalía General de California, argumentando la existencia de conflictos éticos que podrían afectar la objetividad de la revisión.
La figura clave en esta controversia es Kathleen Cady, ex abogada de Milton Andersen, tío de los Menéndez y hermano de la víctima Kitty Menéndez, y ahora directora de la Oficina de Servicios a las Víctimas del condado de Los Ángeles. Bryan Freedman, abogado de Andersen, alega que la contratación de Cady representa un conflicto ético inaceptable, argumentando que esto podría influir en la imparcialidad del proceso de reevaluación de las sentencias. Freedman, según ABC News, ya planea solicitar la transferencia del caso a la Fiscalía General.
El portavoz de la oficina de Hochman ha calificado las acusaciones de "sin fundamento", afirmando que las alegaciones carecen de mérito y que se escuchará a los familiares de las víctimas antes de tomar una decisión. "Estas discusiones deberían completarse en las próximas semanas," declaró el portavoz a Fox News Digital.
Más allá del conflicto legal, el interés público en el caso ha resurgido gracias a series documentales y declaraciones como las de Roy Rosello, quien en 2022 acusó a José Menéndez de abuso. Estos nuevos elementos, junto con una carta escrita por Erik Menéndez meses antes del crimen, forman parte de la estrategia de la defensa para lograr una reducción de pena. Sin embargo, la autenticidad de estas pruebas ha sido cuestionada por la fiscalía. A este panorama se suma la oposición de Andersen, quien a través de su abogado R.J. Dreiling, ha negado rotundamente las acusaciones de abuso y ha expresado su dolor por la pérdida de su hermana.
La posibilidad de una liberación de los hermanos Menéndez, condenados a cadena perpetua sin libertad condicional, depende de la revisión de su caso bajo las leyes de resentencias de California y de una potencial apelación de habeas corpus. El gobernador Gavin Newsom, por el momento, ha optado por esperar los resultados de la investigación de Hochman antes de tomar una decisión sobre clemencia.
El caso, lejos de resolverse, continúa generando un debate social y mediático alimentado por nuevas evidencias y las complejas implicaciones éticas que se han puesto en juego.