Acusan a agentes del INM de colaborar con taxistas para cruce ilegal de migrantes
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Nicol Matuz ScottAlbert Rivera, director del albergue Agape en Tijuana, ha lanzado una seria acusación. Según Rivera, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México estarían involucrados en un esquema con taxistas para facilitar el paso ilegal de migrantes a Estados Unidos. La denuncia, publicada inicialmente en el periódico El Sol de Tijuana, ha generado una ola de preguntas e inquietudes.
El esquema, según Rivera, funcionaría así: los migrantes pagan hasta $500 dólares por persona a los taxistas, quienes los transportan hasta un punto cercano a la frontera donde agentes del INM los esperan. "Los migrantes arreglan las cosas con los taxistas, quienes luego los transportan a los agentes que les dan acceso a la frontera," explicó Rivera. Se presume que los agentes del INM reciben una retribución por su colaboración.
Rivera asegura haber documentado al menos seis casos de familias que utilizaron este método para cruzar la frontera, siendo posteriormente deportadas. Describe el proceso como una red clandestina: "Los taxistas vienen, recogen a la gente que se queda aquí, también se encuentran en una plaza cercana, y luego los llevan a un lugar no revelado". El testimonio detalla cómo los taxistas actúan como intermediarios, conectando a los migrantes con los agentes corruptos.
La información proporcionada por Rivera destaca la complejidad del problema migratorio, involucrando no solo a los migrantes, sino también a funcionarios gubernamentales y civiles. La falta de respuesta por parte del INM ante las solicitudes de información de Border Report añade una capa de misterio a esta acusación que exige una investigación a fondo por parte del gobierno mexicano.
El caso plantea interrogantes cruciales sobre la integridad de las instituciones mexicanas encargadas de la migración y la necesidad de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El impacto de este supuesto esquema alcanza a los migrantes vulnerables, quienes se ven expuestos a la explotación y a un sistema que, en teoría, debe protegerlos.
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