El epicentro de esta situación reside en la figura de Donald Trump, quien, tras ganar las elecciones presidenciales, se enfrenta a una sentencia judicial programada para el 10 de enero, apenas una semana antes de su toma de posesión. El juez Juan M. Merchan, quien presidió el juicio, emitió una decisión escrita en la que se refiere a una posible "libertad condicional", lo que sugiere que Trump podría evitar la cárcel.
Este escenario, sin embargo, tiene una connotación histórica: Trump se convertiría en el primer presidente en asumir el cargo con una condena por delitos graves. La decisión del juez rechazó la petición de Trump de desestimar el veredicto alegando inmunidad presidencial, argumentando que "no existe impedimento legal para la sentencia" y que es su deber sentenciar a Trump antes de su juramentación el 20 de enero. ¿La razón? "Solo al dar fin a este asunto se servirán los intereses de la justicia", escribió Merchan.
Recordemos que en mayo, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, relacionados con un supuesto plan para ocultar un pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels durante su primera campaña presidencial en 2016. El pago se realizó para evitar que Daniels hiciera públicas sus afirmaciones de haber tenido una relación con Trump. Él niega estas acusaciones, afirmando que su historia es falsa y que él no hizo nada malo.
Tras la victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre, el juez Merchan detuvo el proceso y pospuso indefinidamente la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran evaluar el futuro del caso. Los abogados de Trump argumentaron que una condena representaría una "interrupción inconstitucional" a sus funciones presidenciales. La fiscalía, por su parte, propuso diversas opciones, incluyendo congelar el caso durante su mandato o garantizar una sentencia sin cárcel.
El juez Merchan consideró que el estatus de Trump como presidente electo no le otorga la inmunidad de un presidente en funciones, y que desestimar el caso sería "drástico" y "raro", socavando el estado de derecho. La decisión, que considera que la situación de Trump no cambia las preocupaciones de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial, deja al actual presidente electo frente a la posibilidad de una condena que va desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión. El caso se centra en cómo Trump contabilizó el reembolso a su abogado personal, Michael Cohen, por el pago a Daniels.
La acusación alega que la designación de los pagos como gastos legales tenía la intención de ocultar el verdadero propósito de los mismos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escucharan afirmaciones poco halagüeñas sobre Trump durante su primera campaña. Trump, por su parte, defendió que el pago a Cohen fue por servicios legales legítimos.
Trump, quien ya fue presidente, ha calificado el veredicto como el resultado de una "caza de brujas" orquestada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Antes de su reelección, sus abogados intentaron anular su condena basándose en una decisión de la Corte Suprema. El caso del pago a Daniels es el único de los cuatro procesos penales contra Trump que llegó a juicio. Desde las elecciones, el fiscal especial Jack Smith ha cerrado sus dos casos federales contra Trump, uno relacionado con sus intentos de anular su derrota electoral de 2020 y otro relacionado con documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago. Un caso separado en Georgia por interferencia electoral se encuentra en gran medida en suspenso.