Más de 20 miembros de la familia de Kitty y José Menéndez se reunieron el viernes pasado con el Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman. Este encuentro privado, descrito como una "discusión informal fuera de registro" por el propio Hochman, gira en torno a Erik y Lyle Menéndez, los hermanos que cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres en 1989.
Hochman, quien sustituyó al exfiscal George Gascón –a favor de una nueva sentencia para los hermanos–, afirmó que necesita más tiempo para analizar exhaustivamente el caso. Su investigación incluye la revisión de "miles de páginas de registros de la prisión y transcripciones de juicios", entrevistas con abogados involucrados y la recopilación de nueva información. La información obtenida en la reunión familiar formará parte crucial de su proceso de decisión.
El interés público en el caso ha resurgido con fuerza últimamente, impulsado por un documental, una serie de Netflix y la aparición de presuntas nuevas pruebas. Este renovado interés ha intensificado la campaña de los familiares de los Menéndez, quienes defienden la idea de una nueva sentencia, calificando la actual como "injusta" debido a las alegaciones de abuso infantil sufrido por Erik y Lyle.
La situación está lejos de ser unánime dentro de la familia. Mientras algunos, como las tías Joan Vandermolen, testificaron pidiendo la liberación de sus sobrinos con la frase "Quiero que se vayan a casa. Nunca deberían haber estado en situaciones así", otros, como el hermano de Kitty Menéndez, Milton Anderson, se oponen a la liberación a través de su abogado.
En este contexto de opiniones encontradas, el 30 de enero se celebrará una audiencia de nueva sentencia que podría definir el futuro de Erik y Lyle Menéndez. La expectativa es alta, y el destino de los hermanos pende de un hilo, envuelto en la complejidad de un pasado controvertido y un presente de incertidumbres legales.