Detalles inesperados están saliendo a la luz, cambiando la narrativa que muchos daban por sentada. En el centro de la controversia se encuentra Joe Biden, quien en sus últimas semanas como presidente ha tomado una decisión que ha generado un terremoto político: una prohibición a nuevas perforaciones petroleras y de gas en extensas zonas de la costa estadounidense. Esto abarca más de 253 millones de hectáreas, incluyendo la costa Atlántica, el este del Golfo de México, y partes del Pacífico y el Mar de Bering en Alaska.
La Casa Blanca justifica la medida citando "riesgos ambientales, de salud pública y económicos asociados con nuevas perforaciones en áreas de bajo potencial para combustibles fósiles", y recalcando la necesidad de acelerar la transición a una economía de energía limpia. La decisión se apoya en la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior de 1953, aunque su reversibilidad a futuro es un punto de debate.
La reacción de Donald Trump, quien asumirá la presidencia en breve y es conocido por su apoyo a los combustibles fósiles, ha sido explosiva. En una entrevista radial, Trump declaró: "Es ridículo. Lo anularé inmediatamente." Su equipo ya ha calificado la decisión de Biden como "una venganza política diseñada para castigar al pueblo estadounidense", palabras de la futura secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
Sin embargo, la medida ha sido celebrada por organizaciones ambientalistas como Oceana, que la considera "¡una victoria oceánica épica!", destacando la importancia de preservar los ecosistemas costeros para futuras generaciones. La Casa Blanca, por su parte, asegura que esta acción coloca a Biden como el presidente que más áreas terrestres y marinas ha protegido en la historia de Estados Unidos.
El futuro de estas zonas costeras ahora está en manos de la justicia y el curso de la política estadounidense. Mientras tanto, la tensión política se mantiene en niveles históricos, con la administración Biden implementando una serie de medidas climáticas antes de entregar el mando, y Trump prometiendo desmantelarlas a su llegada.
Más allá de la retórica política, la decisión impacta directamente la industria energética y las comunidades costeras, añadiendo una capa de complejidad al panorama económico y social del país.