El epicentro: 249 jurisdicciones, desde grandes ciudades hasta pequeños condados, acusadas de ser "ciudades santuario" y recibir una advertencia legal contundente. Detrás de este movimiento, America First Legal, una organización con estrechos vínculos con el expresidente Donald Trump y su círculo íntimo.
El nombre de Stephen Miller, exasesor de Trump y figura clave en su política migratoria, emerge como un actor central. Miller, ahora fundador y presidente de America First Legal, encabeza esta ofensiva legal que se perfila como una declaración de guerra contra las políticas locales que protegen a los inmigrantes indocumentados.
“La ley federal es clara: los extranjeros presentes ilegalmente en Estados Unidos están sujetos a expulsión del país, y es delito ocultarlos, darles cobijo o escudarlos,” reza la carta, que cita la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense para respaldar su contundente postura. La misiva no deja espacio para la ambigüedad: se acusa directamente a estas jurisdicciones de violar la ley federal.
Entre los destinatarios se encuentran alcaldes de ciudades importantes como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Washington D.C., pero también funcionarios de localidades más pequeñas y hasta jefes de policía, como Jim McDonnell de Los Ángeles, quien recibió una carta personalizada que menciona su oposición pública a las deportaciones masivas.
La carta detalla minuciosamente las acusaciones, enumerando leyes específicas que, según America First Legal, se están violando. Se mencionan sanciones severas, incluyendo posibles condenas de hasta cinco años de cárcel por cada inmigrante albergado, y la posibilidad de iniciar procesos por conspiración, ampliando el abanico de posibles responsables.
Además, se plantea la posibilidad de demandas civiles contra funcionarios y administraciones locales, abriendo la puerta a costosos procesos legales y multas significativas. El respaldo del Tribunal Supremo, con una mayoría de jueces nombrados por Trump, se presenta como un elemento clave en la estrategia de America First Legal, aumentando la gravedad de las amenazas.
La carta concluye con un ultimátum, instando a las autoridades a retractarse de sus políticas. Aunque se solicitó comentario a las partes involucradas, hasta el momento no se han recibido respuestas.