El regreso del presidente electo Donald Trump y sus promesas de campaña en materia migratoria han generado una ola de preocupación en las comunidades educativas. La posibilidad de redadas migratorias en escuelas, un escenario que ya fue motivo de debate durante su primer mandato, ha vuelto a colocar el tema en el centro de la escena. Actores clave como el secretario de Justicia de California, Rob Bonta, han comenzado a ofrecer directrices a las instituciones educativas para enfrentar la situación.
“Sé que existe mucho miedo y ansiedad en torno a los cambios en las políticas de inmigración del gobierno entrante,” afirmó Bonta, en declaraciones recientes. California, con su guía de 54 páginas, detalla las protecciones legales estatales y federales para estudiantes y los protocolos para responder a solicitudes de las autoridades, incluso aquellas relacionadas con la solicitud de documentos o entrevistas a estudiantes.
California no es la única que actúa. Distritos escolares en ciudades como Des Moines, Iowa, y Chicago han ratificado o reforzado resoluciones que limitan la colaboración con el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos). En Chicago, por ejemplo, se ha establecido que los agentes no tendrán acceso a las escuelas sin una orden judicial. La Junta de Educación de Escuelas Públicas de Chicago, en noviembre pasado, dejó explícita esta postura.
La situación también ha llevado a acciones en otras ciudades. El distrito de Nueva York reiteró políticas existentes para proteger la información sobre el estatus migratorio de los estudiantes, mientras que en Vermont, distritos como el de la escuela secundaria Union, bajo la dirección de Chris Young, presidente electo de la Asociación de Directores de Vermont, aplican políticas de larga data que exigen órdenes judiciales para el acceso de autoridades a estudiantes.
“Nos gustaría que pensaran que la escuela es un lugar seguro,” expresó Young, resaltando el compromiso de la institución con el bienestar de los alumnos. La cifra de 733,000 niños en edad escolar en Estados Unidos sin autorización, según el Instituto de Política Migratoria, añade urgencia a la situación y convierte estas medidas en acciones fundamentales para la protección de los menores.
El temor a la deportación de familiares, que impacta directamente en el aprendizaje y la asistencia de los niños, es una realidad que las autoridades educativas buscan mitigar con estas acciones preventivas y proteccionistas. La incertidumbre persiste, pero la respuesta de las escuelas está marcando un camino.