Fuentes cercanas a la administración entrante de Donald Trump han revelado información que ha generado revuelo. Se ha filtrado que el equipo de transición ha estado realizando consultas exhaustivas sobre la disponibilidad de recursos y la logística necesaria para ejecutar “operaciones de gran envergadura” en el área metropolitana de Washington D.C. Estas consultas, según las fuentes, se han centrado repetidamente en la viabilidad de redadas en lugares de trabajo.
El foco de atención se centra en la posibilidad de una inminente acción contra inmigrantes indocumentados. Aunque no se han confirmado fechas ni ubicaciones específicas, se rumorea que estas operaciones podrían comenzar en los primeros días de la presidencia, incluso el mismo día de la inauguración. Esta posibilidad evoca el recuerdo de las promesas de campaña de Trump sobre "deportaciones masivas", propuestas que en su momento carecían de detalles concretos sobre su implementación.
Expertos en seguridad nacional advierten sobre la complejidad logística y los altos costos asociados a este tipo de operativos. Funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Seguridad Nacional han señalado que las redadas en lugares de trabajo requieren una importante inversión de personal y una extensa investigación previa para identificar la presencia de trabajadores indocumentados.
Sin embargo, vale la pena recordar que el gobierno de Trump ya implementó redadas en lugares de trabajo durante su primer mandato, siguiendo un precedente establecido por la administración de George W. Bush. De igual manera, durante la campaña electoral de este año, Trump reiteró su intención de declarar una emergencia nacional y potencialmente utilizar al ejército para facilitar sus planes de deportación. Su equipo incluso afirmó haber desarrollado un plan integral para aumentar significativamente las deportaciones, sin necesidad de nueva legislación, aunque anticipando posibles desafíos legales.
La situación se presenta como un escenario complejo con implicaciones de gran alcance, no solo para la comunidad inmigrante, sino también para el funcionamiento del área metropolitana de Washington D.C. La incertidumbre sobre el alcance y la temporalidad de estas acciones mantiene en vilo a la población.