El foco se centra en Donald Trump y sus planes para su regreso a la Casa Blanca. En una reunión secreta con senadores republicanos, el expresidente presentó un ambicioso plan de 100 proyectos de política pública. Entre las propuestas más impactantes, destaca la reactivación del Título 42.
Esta medida, implementada durante la pandemia de COVID-19, permite la expulsión rápida de migrantes a sus países de origen. “Es una herramienta clave para controlar el flujo migratorio y asegurar nuestras fronteras,” se escucha decir a algunos asistentes a la reunión según fuentes extraoficiales. El objetivo declarado de Trump: deportar a un millón de migrantes irregulares en su primer año de mandato.
La cifra es significativa, considerando que entre 2020 y mediados de 2023, el Título 42 resultó en la expulsión de al menos 3 millones de migrantes. Su eliminación por parte del presidente Biden generó un debate público ardiente, y su posible regreso representa un giro significativo en la política migratoria de Estados Unidos.
Pero el Título 42 no es la única medida en el plan de Trump. Se menciona también un uso más enérgico de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, delegando atribuciones de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a fuerzas estatales y locales. Esto, sumado a la continuación de la construcción del muro fronterizo y la instalación de campos de retención de migrantes, conforman una estrategia integral – aunque controvertida – para el control de la inmigración.
Los detalles exactos sobre la implementación de estas medidas permanecen confusos. Si bien se habla de órdenes ejecutivas, la participación del Congreso o de agencias federales no está completamente descartada. La incertidumbre rodea la viabilidad y el alcance de este plan, dejando en suspenso el futuro de la política migratoria estadounidense y sus consecuencias transfronterizas.