Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la sombra de recortes presupuestales y demandas legales se cierne sobre estas instituciones. Ya en Texas, el gobernador Greg Abbott ha iniciado acciones legales contra varias ONG que brindan asistencia a los migrantes, alegando –sin presentar evidencia– que atraen y facilitan la inmigración ilegal. “Se están sentando las bases aquí en Texas para un ataque más amplio…”, advierte Rochelle Garza, presidenta del Texas Civil Rights Project, organización que representa a algunas de las ONG afectadas.
El nuevo “zar de la frontera”, Tom Homan, ha anunciado una revisión del papel de las organizaciones sin fines de lucro en la atención de migrantes. Similarmente, Vivek Ramaswamy, codirector del departamento de eficiencia gubernamental de la Casa Blanca, ha pedido una reevaluación de los fondos federales destinados a estas organizaciones, declarando en X: “Necesitamos examinar minuciosamente el financiamiento del Gobierno de Estados Unidos a las ‘organizaciones no gubernamentales’… los estadounidenses merecen transparencia sobre la ayuda exterior opaca…”
Gran parte del funcionamiento de estas organizaciones depende del Programa de Refugio y Servicios (SSP), administrado por la FEMA. Este programa, aprobado en 2019 con apoyo bipartidista, reembolsa a comunidades locales y ONG los costos de comida, alojamiento, transporte y artículos de higiene para migrantes. En 2024, el SSP distribuyó más de 650 millones de dólares a 35 comunidades en todo el país. Entre las afectadas se encuentran las diócesis y caridades católicas que operan refugios en estados fronterizos como Arizona, California, Nuevo México y Texas.
La reducción en el flujo migratorio no disminuye la preocupación. El temor es que un recorte de fondos pueda provocar el colapso de estas redes de apoyo, dejando a las comunidades vulnerables sin la asistencia humanitaria que necesitan. El futuro de estos refugios, y la suerte de los migrantes que dependen de ellos, pende de un hilo en medio de un contexto político incierto.