Amenazas legales a ciudades santuario: ¿Realidad o intimidación?
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Nicol Matuz ScottEl remitente: American First Legal, una firma fundada por Stephen Miller, exasesor de Donald Trump. Entre los destinatarios destacan figuras prominentes como el Fiscal General de California, Rob Bonta; el alcalde de Los Ángeles; el jefe de policía de la misma ciudad; Nora Vargas, ex presidenta de la Junta de Supervisores de San Diego; y alcaldes de ciudades como Chicago, Washington D.C., Nueva York y Las Cruces, entre otros.
Las cartas, cargadas de lenguaje legal complejo, acusan a estos funcionarios de "conspiración para cometer un delito federal y conspiración para impedir a un agente federal", con la amenaza explícita de "hasta 20 años de prisión".
Sin embargo, la opinión legal sobre la viabilidad de estas amenazas es contundente. Robert Shapiro, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego, consultó las cartas y ofreció una perspectiva crucial: "La amenaza de enjuiciamiento penal no es realista".
Shapiro aclara que las políticas de "ciudades santuario" generalmente se refieren a la negativa de colaboración con las autoridades federales en materia de inmigración, no a la obstrucción activa de sus operativos. En sus palabras: "No van a dar información a las autoridades federales, no van a hacer cumplir la ley federal por sí mismos, y en general eso es perfectamente legal".
El decano anticipa una baja probabilidad de procesos judiciales: "Esto es solo una repetición de lo que ocurrió durante la primera administración de Trump. No hubo enjuiciamientos penales de funcionarios estatales o locales en esa administración, y asumiendo que los funcionarios estatales y locales hagan lo que hicieron en ese entonces, tampoco habrá enjuiciamientos penales esta vez".
Por su parte, el vocero del Fiscal General Bonta calificó las cartas como "una simple táctica de intimidación", asegurando que California cumplirá con las leyes estatales y federales. Mientras tanto, el debate sobre las deportaciones masivas y su impacto en las comunidades continúa generando controversia.
La situación deja en evidencia una tensión latente entre las políticas locales y las federales en Estados Unidos, un conflicto que podría tener implicaciones significativas a nivel social y político en los próximos años. Se espera un desarrollo de la situación en los próximos meses.
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