Pensiones Estados Unidos: Biden firma ley que aumenta beneficios, pero genera controversia
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la controversia se encuentran la Windfall Elimination Provision (WEP) y la Government Pension Offset (GPO), dos disposiciones que, desde su implementación en 1983 y 1977 respectivamente, ajustaban las prestaciones del Seguro Social para trabajadores públicos con pensiones adicionales. Estas regulaciones, que afectaban a aproximadamente 2 millones de personas con la WEP y casi 750,000 cónyuges, viudas y viudos con la GPO, han sido eliminadas gracias a la Social Security Fairness Act, firmada el 5 de enero por el Presidente Biden.
Esta nueva ley, aprobada con un amplio apoyo bipartidista, promete incrementos mensuales significativos en los beneficios, con estimaciones que van desde $360 a $1,190 dólares, además de pagos únicos por beneficios atrasados del 2024. Organizaciones como el National Committee to Preserve Social Security and Medicare celebran esta decisión como una victoria para los trabajadores públicos, citando las palabras de su representante legislativa, Maria Freese: "fueron señalados y sus ganancias del Seguro Social les daban menos beneficios que a una persona que decidió no dedicarse al servicio público."
Sin embargo, la celebración no es universal. Expertos como Andrew Biggs del American Enterprise Institute advierten sobre las consecuencias económicas. Biggs afirma categóricamente: "Literalmente, no se puede encontrar un experto en Seguridad Social que pensara que la Ley de Equidad del Seguro Social era una buena idea." La preocupación principal radica en el costo estimado de casi $200 mil millones de dólares en 10 años, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), lo que agudiza la ya precaria situación financiera del sistema, amenazando la fecha de agotamiento de los fondos fiduciarios, prevista para 2035.
La complejidad de las disposiciones WEP y GPO, y su impacto individual, generan diversas perspectivas. Alicia Munnell, asesora del Center for Retirement Research en Boston College, plantea que: "hay una injusticia que las disposiciones intentaron corregir, quizás no perfectamente. Ahora, sin ellas, se crean 'malas políticas'." Este debate deja al Congreso un desafío considerable: resolver la insolvencia del sistema, una tarea que requerirá, según los analistas, medidas como recortes de beneficios, aumentos de impuestos, o una combinación de ambos. La falta de voluntad política para abordar este problema representa, a largo plazo, una seria amenaza para la estabilidad del sistema de pensiones estadounidense.
El futuro del Seguro Social en Estados Unidos, y las implicaciones para los sistemas de pensiones globales, se presentan como un tema de vital importancia, demandando una discusión pública profunda y responsable.
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