Eddie Gloria, director de Camillus House, describe la situación: “Muchas personas sin hogar carecen de ropa adecuada y protección. Abrimos nuestras puertas para ofrecer refugio hasta que el clima mejore.” La organización ha habilitado 50 camas adicionales para enfrentar las bajas temperaturas, un esfuerzo que refleja la necesidad urgente de atención en la crisis habitacional.
Pero el desafío va más allá del clima. El 1 de enero entró en vigor una nueva ley en Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que permite a ciudadanos y negocios demandar a las autoridades locales si no prohíben los campamentos de personas sin hogar en espacios públicos. Esta ley, que ya restringe el dormir en la calle desde octubre, ha generado controversia.
Malena Legarre, de la organización Hermanos de la Calle, ofrece una perspectiva matizada: “A primera vista podría criminalizar, pero hay que ver el lado bueno. Si junto con la ley vienen recursos para mejorar la situación, bienvenido sea.” El Estado destinó 30 millones de dólares para su implementación, aunque muchos consideran insuficiente la cantidad.
El aumento de personas sin hogar en Florida es alarmante. Datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano muestran un incremento de más del 43% desde 2022. En Miami, el alto costo de la vida, con alquileres entre 1.800 y 2.400 dólares mensuales, es un factor determinante. A esto se suman la pérdida de empleos, la inflación y la falta de acceso a salud mental, según Gloria.
Legarre destaca el preocupante aumento de familias sin hogar, "alarmante", vinculándolo directamente al alza de los alquileres y desalojos. La situación se agrava para migrantes indocumentados, con dificultades para encontrar trabajo y acceder a vivienda.
Mientras la ley genera debate sobre su eficacia a largo plazo y su potencial para desplazar a personas vulnerables, la realidad en Miami es más compleja. Si bien la policía no permite campamentos, tampoco penaliza a quienes duermen en la calle tras una advertencia, priorizando la búsqueda de refugio. El Departamento de Policía de Miami-Dade ha aclarado al Miami Herald que “la ley no crea un delito penal o civil”.
La pregunta sobre la verdadera solución permanece abierta. Para Legarre, la clave reside en "dar vivienda permanente". El futuro de esta ley y su impacto en la vida de miles de personas en Florida, aún está por verse.