Un estudio reciente de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) arroja luz sobre esta preocupante situación. Se ha revelado que más de 74,000 latinos residen en zonas afectadas por las advertencias y órdenes de evacuación emitidas el 8 de enero. Esto representa casi una de cada cuatro personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento en todo el condado de Los Ángeles. "No es solo un desastre natural, es un desastre social," afirma el informe del Instituto de Políticas Latinas de UCLA.
Pero la situación es aún más compleja. El análisis, basado en datos del censo, no captura la totalidad del problema. Los datos recopilados el 8 de enero, apenas un día después del inicio de los incendios, no reflejan la extensión total del impacto a medida que la situación empeoró. Además, las 24 muertes reportadas hasta entonces son solo una parte del trágico balance final.
El informe destaca la preexistente vulnerabilidad de las comunidades latinas. Antes de los incendios, estas áreas ya sufrían casi el doble de exposición a la contaminación por diésel y partículas PM2.5 en comparación con las zonas de población blanca. Los incendios forestales agravan esta situación, exacerbando problemas de salud como el asma, que afectan de manera desproporcionada a esta comunidad.
Otro factor crucial: el 17% de los residentes en vecindarios latinos de Los Ángeles son trabajadores al aire libre. Estos individuos enfrentan riesgos adicionales por la exposición al humo y la pérdida de ingresos debido a la interrupción de sus actividades. A esto se suma la precaria situación del acceso a la salud, con un 14% de la población latina sin seguro médico, frente a solo el 3% en vecindarios blancos. Estas brechas de acceso a servicios de salud dificultan la atención médica oportuna y agravan el impacto a largo plazo del desastre.
El informe de la UCLA concluye enfatizando la necesidad de estrategias equitativas y personalizadas de preparación y respuesta ante desastres. Mientras la cifra de estructuras destruidas (12,000 hasta el fin de semana) y la estimación de los daños ($250 mil millones de dólares) continúan incrementando, la necesidad de una atención focalizada y justa hacia las comunidades más vulnerables se hace aún más evidente. El costo humano y social del desastre trascenderá la reparación material.