En el centro de la controversia se encuentra la Ley Laken Riley (S.5/H.R. 29), una iniciativa que busca acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados que hayan cometido ciertos delitos. El proyecto, inicialmente impulsado por republicanos, ha generado un debate acalorado al contar con el apoyo de algunos demócratas, un hecho que ha alarmado a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Según Max Brooks, abogado de la ACLU en Nuevo México, la participación demócrata en el apoyo a la ley plantea un serio desafío para cualquier intento de impugnación legal. “Una cosa que hace que las leyes sean más difíciles de impugnar es cuando los demócratas participan en el cierre de las vías para desafiarlas”, explicó Brooks durante una conferencia virtual. Él cita la ley de inmigración de 1996, firmada por el presidente Bill Clinton, como un precedente preocupante. Esta ley, según Brooks, dificultó significativamente los desafíos legales posteriores.
El proyecto de ley, que actualmente cuenta con el apoyo de 53 senadores, incluyendo a los demócratas Rubén Gallego (Arizona) y John Fetterman (Pensilvania), podría ser aprobada en el Senado a pesar de requerir 60 votos. La ley propone enmiendas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y establece procesos de detención expedita para inmigrantes que hayan cometido delitos como robo, asalto o hurto.
La S.5, según Brooks, establece procesos para la deportación inmediata de inmigrantes condenados por robos y atracos. La ACLU considera que la ley sienta un precedente peligroso, que podría facilitar la deportación masiva, una política clave del presidente electo Donald Trump.
Brooks advirtió sobre las consecuencias a largo plazo, incluso para el mismo Partido Demócrata, de respaldar esta legislación. “Vemos que estas cosas… son casi ecos de cosas que sucedieron en los años 90 que fueron muy dañinas [para los migrantes]… vemos un riesgo de que los demócratas cometan el mismo error”, alertó. El abogado remarcó el carácter "draconiano" de la ley, y su potencial para convertirse en un arma contra las comunidades inmigrantes.
Los republicanos defienden la ley, nombrada en honor a Laken Riley, una estudiante asesinada en la Universidad de Georgia por un inmigrante indocumentado. Grupos defensores de inmigrantes advierten sobre las potenciales consecuencias de esta legislación, señalando su alineación con las políticas de deportación masiva.