El 9 de enero, amigos y familiares reportaron la desaparición de Lucrecia Jadan Sumba, una mujer de 39 años, madre de cuatro hijos y trabajadora incansable en un salón de belleza de Elizabeth, Nueva Jersey. Sus colegas notaron su ausencia, una ausencia que rápidamente se convirtió en una inquietante realidad. La última vez que la vieron, Lucrecia había disfrutado de un día libre, un respiro en su rutina diaria. Ese respiro, sin embargo, resultó ser el preludio de una tragedia.
La investigación, una compleja maraña de pistas y pesquisas, llevó a las autoridades hasta un basurero en Coopersburg, Pensilvania, a unas 80 millas de Elizabeth. Allí, el sábado 11 de enero, poco antes de las 6 p.m., se encontró el cuerpo de Lucrecia. El descubrimiento fue un golpe devastador para su familia y amigos. Una autopsia posterior reveló la causa de su muerte: heridas por objetos punzantes, declarando su deceso como homicidio, según la oficina forense del condado.
La investigación, una colaboración entre varias agencias incluyendo el Grupo de Trabajo de Homicidios de la Fiscalía del condado Union, el Departamento de Policía de Elizabeth, el Departamento de Policía de Coopersburg y la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Lehigh, apuntó rápidamente hacia un sospechoso: Rolando Corte, el esposo de 42 años de Lucrecia. Corte, residente de Nueva Jersey, fue arrestado el domingo y acusado de homicidio. Se encuentra detenido en la cárcel del condado Union, a la espera de su comparecencia ante el tribunal este jueves. De ser declarado culpable, enfrenta una posible condena de cadena perpetua.
Una página de recaudación de fondos online, creada para ayudar a la familia a trasladar el cuerpo de Lucrecia a Ecuador, la describe como una mujer trabajadora, dedicada y amorosa que llegó a Estados Unidos en 2021 en busca de un futuro mejor para sus hijos. Una madre, cuyo sueño terminó abruptamente, dejando una estela de dolor y una búsqueda de justicia que apenas comienza. El caso destaca la necesidad de apoyo para las familias inmigrantes que enfrentan situaciones similares, una labor que requiere la suma de esfuerzos de la comunidad y las instituciones.
Cabe destacar que, como lo establece la ley, todos los cargos son meras acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.