El epicentro de la controversia está en el Senador Randy Fine, del Distrito 19, quien ha propuesto dos proyectos de ley, el SB 244 y el SB 290. Estos proyectos, que han generado un fuerte revuelo, impactarían directamente en la educación superior de los estudiantes indocumentados en el estado.
El SB 244, en específico, apunta a universidades públicas de alta demanda — como la Universidad de Florida, la Universidad Estatal de Florida, la Universidad Central de Florida y la Universidad Internacional de Florida— limitando el acceso a estudiantes sin documentos legales. Según el Senador Fine, “¿Por qué un inmigrante ilegal debería ocupar un lugar en la Universidad de Florida que podría ser para un floridano o un estadounidense?”.
Este proyecto se centra en instituciones con tasas de aceptación menores al 85%, impactando directamente en miles de jóvenes. El SB 290, por otro lado, busca eliminar las matrículas estatales reducidas para estudiantes indocumentados, aumentando considerablemente el costo de la educación superior para este grupo.
Según el Pew Research Center, Florida alberga aproximadamente 1.2 millones de inmigrantes indocumentados. Durante el ciclo escolar 2023-2024, alrededor de 6.500 estudiantes indocumentados recibieron exenciones de matrícula fuera del estado, una cifra que podría verse drásticamente reducida con la aprobación de estas leyes.
Las reacciones no se han hecho esperar. Organizaciones como TheDream.US, han calificado la propuesta como "dañina" y "contraproducente", destacando el impacto negativo en las comunidades locales y el sistema educativo. “Estamos fallando en reconocer el impacto que tendrá cuando se excluya a personas que han vivido aquí durante 10, 15 años. Este es su hogar”, señaló Gaby Pacheco, directora de la organización.
A nivel nacional, solo tres estados prohíben la inscripción de estudiantes indocumentados en ciertas universidades públicas. De aprobarse, Florida se uniría a esta lista, marcando un cambio significativo en su política educativa. El contexto político actual, marcado por la agenda antiinmigración impulsada por el Gobernador Ron DeSantis, agrega otra capa de complejidad a este debate.
El proyecto, además, ha generado divisiones dentro del propio Partido Republicano, con algunos líderes calificando la sesión legislativa especial como "prematura" e "irresponsable". Incluso el Senador Fine, aspirante a un escaño en el Congreso, ha cuestionado la preparación de la sesión especial convocada por DeSantis.
La situación, en resumen, pinta un panorama complejo con implicaciones significativas para el futuro de la educación superior en Florida y la comunidad de inmigrantes indocumentados en el estado.