Trump considera leyes del siglo XVIII para cambiar inmigración y ciudadanía
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Nicol Matuz ScottEl nombre de Donald Trump resuena, no solo por su victoria electoral, sino por las estrategias poco convencionales que planea implementar. Su equipo, incluyendo al vicepresidente electo, J.D. Vance, se encuentra explorando leyes con siglos de antigüedad, algunas con un pasado controvertido, para abordar temas cruciales como la inmigración y el derecho a la ciudadanía.
Una de las leyes que ha llamado la atención es la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Trump ha declarado abiertamente su intención de utilizarla para acelerar las deportaciones, argumentando que “en aquellos tiempos no se jugaba”, una declaración que ha generado controversia entre expertos legales.
La ley, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, tiene un historial manchado por la detención de ciudadanos japoneses y de otros países. Expertos como Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan, advierten sobre el posible "abuso" de esta ley en tiempos de paz, a pesar de la deferencia histórica mostrada por la Corte Suprema al poder ejecutivo en este ámbito.
Otro punto crucial es la Ley Comstock de 1873, una ley que prohíbe el envío de materiales considerados "lascivos" o "indecentes" por correo. Si bien Trump ha expresado públicamente reservas sobre su uso para restringir el envío de medicamentos abortivos, la presión de sectores conservadores, como lo demuestra la carta firmada por Vance, podría cambiar su postura. La Corte Suprema, con la opinión de jueces como Clarence Thomas y Samuel Alito mostrando interés en el tema, se perfila como un actor clave en este debate.
El uso del Ejército para la deportación de inmigrantes, una idea que Trump ha mencionado en varias ocasiones, también está en la mesa. Esto dependería de la interpretación de la Ley de Insurrección, utilizada en eventos como los disturbios de Los Ángeles en 1992 y la integración de escuelas en Little Rock en 1957. La discreción presidencial en este sentido es extensa, según el profesor William Banks, de la Universidad de Syracuse.
Finalmente, la ciudadanía por derecho de nacimiento, protegida por la 14ª Enmienda, también se encuentra bajo el escrutinio de la nueva administración. Trump, un férreo opositor de este principio, considera la ciudadanía por derecho de nacimiento como "basada en un mito histórico, y una mala interpretación intencionada de la ley". Sin embargo, expertos legales anticipan fuertes desafíos legales a cualquier intento de modificar esta norma establecida desde 1898.
La inminente llegada de la nueva administración promete un periodo de intensa actividad legislativa y judicial, donde leyes centenarias y principios fundamentales de la ciudadanía estadounidense se enfrentarán a un nuevo contexto político y legal. El futuro inmediato queda pendiente de la interpretación y acción de la Corte Suprema, elemento crucial en el desarrollo de estas controversias.
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