El reciente nombramiento de Tom Homan como el nuevo "zar de la frontera" ha generado un debate intenso. Homan, exdirector de ICE durante la administración Trump, ha dado declaraciones que revelan una ambiciosa –y controversial– propuesta de deportaciones masivas. En una entrevista con CNN, Homan dejó caer la cifra de "100,000 camas" como la cantidad mínima necesaria para albergar a los inmigrantes que se espera detener.
Esta cifra, más del doble de la capacidad actual de ICE (estimada entre 38,000 y 40,000 camas diarias), ha encendido las alarmas. Implica una expansión masiva de la infraestructura de detención, con costos y consecuencias aún por determinar. "Si le dan los fondos, el nuevo gobierno no puede simplemente arrestar y deportar de inmediato, debe respetar el debido proceso," afirma Alex Gálvez, abogado de inmigración en Los Ángeles.
Gálvez profundiza en las implicaciones legales, señalando que aun con deportaciones masivas, se deben respetar los derechos de los detenidos. "Todo extranjero que sea detenido tiene derechos. Pueden pedir una fianza... El problema será para las personas que tienen una orden de deportación emitida porque no van a tener tiempo para frenar sus deportaciones," explica.
La viabilidad del plan de Homan depende crucialmente del Congreso. Aunque los republicanos controlan ambas cámaras, la falta de mayoría absoluta obligará a negociaciones bipartidistas para asegurar la financiación. Incluso con el apoyo republicano, la aprobación de fondos requiere navegar el complejo proceso legislativo, incluyendo la revisión por parte de la oficina del Parlamentario del Senado.
El Proyecto 2025, un documento elaborado por líderes conservadores y exfuncionarios del gobierno de Donald Trump, detalla cómo se buscará financiar este plan. Se propone, entre otras medidas, redirigir fondos de ONGs que asisten a migrantes y revisar los presupuestos de FEMA para destinarlos a la seguridad fronteriza. También se menciona la posibilidad de usar la Guardia Nacional para tareas de apoyo logístico, aunque esta idea ha generado fuertes críticas.
El plan, según Homan, priorizará la deportación de criminales, pandilleros y fugitivos. Sin embargo, la cantidad total de deportaciones proyectadas permanece indefinida. Homan recalcó que "Si estás aquí ilegalmente, no estás fuera de la mesa. Es una violación de la ley; es un delito entrar a este país ilegalmente". La falta de transparencia sobre el presupuesto y la escala del plan deja muchas interrogantes en el aire.
La situación se presenta como un complicado rompecabezas legal y político, con consecuencias impredecibles para la población migrante y el sistema migratorio estadounidense. El futuro inmediato se vislumbra como un escenario de intensas negociaciones políticas y desafíos legales.