El presidente electo, Donald Trump, ha reiterado en varias ocasiones su promesa de retomar una política migratoria de "tolerancia cero". Su propuesta, anunciada hace más de un año, implica un giro radical respecto a las políticas implementadas por su predecesor, Joe Biden, a quien acusa —sin presentar datos concretos— de haber abierto las fronteras y permitir la entrada de "millones de extranjeros ilegales".
El 20 de enero, fecha de inicio de su segundo mandato, Trump planea firmar cerca de 100 decretos. Entre las medidas más relevantes se encuentra la anulación de la lista de prioridades de deportación publicada por Biden en 2021, y la implementación de una nueva, más restrictiva. Su equipo, liderado por el nominado a zar fronterizo, Tom Homan, ha detallado un plan ambicioso y controvertido.
Según declaraciones de Homan, la estrategia se basa en la invocación de varias secciones de la Ley de Inmigración, incluyendo la 212(f) para modificar reglamentos migratorios, y la 243(d) para sancionar a países que no cooperen en las deportaciones. Además, se contempla la activación de la Serie 1811, un conjunto de reglas para investigadores criminales federales, que involucraría a agencias como el FBI, la DEA y la ATF, formando una potente fuerza de deportaciones.
Homan ha adelantado que el plan, que implica la deportación de un gran número de inmigrantes, requerirá un aumento significativo de recursos, incluyendo 100,000 camas adicionales para centros de detención; más del doble de la capacidad actual de ICE. Obtener estos fondos del Congreso implicará una ardua tarea política, y requerirá la aprobación de presupuestos para arrestos, vigilancia y la aceleración de miles de procesos de deportación, todo dentro del marco del debido proceso.
El Proyecto 2025, un documento elaborado por líderes conservadores y colaboradores de Trump, detalla aún más la estrategia. Entre las acciones planteadas destacan:
- La cancelación de programas de visas.
- La eliminación de las "zonas sensibles" donde el ICE tiene prohibido operar, lo que podría implicar redadas en escuelas, hospitales e iglesias.
- La extensión nacional del Programa de Deportación acelerada.
- La reactivación del Título 42.
- La reinstauración del Programa Permanecer en México (MPP).
- La invocación de una emergencia de seguridad nacional para cerrar las fronteras.
- La colaboración de la Guardia Nacional en el traslado y custodia de inmigrantes detenidos.
- El levantamiento de nuevos campamentos de detención.