En el centro de la controversia se encuentra el programa DACA (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que ofrece alivio de la deportación y permisos de trabajo a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Este programa, implementado durante la administración Obama, ha sido un tema recurrente de debate político.
El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito confirmó una decisión previa que declaraba que un reglamento de la administración Biden, diseñado para fortalecer DACA, no solucionaba sus deficiencias legales. "El reglamento no subsanaba las deficiencias legales", señaló el fallo. Aunque la decisión tiene un alcance limitado al estado de Texas, las implicaciones son significativas a nivel nacional.
Esta decisión llega justo antes de un cambio de administración, con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Se anticipa una postura más restrictiva en temas migratorios por parte del nuevo gobierno, generando temor entre los beneficiarios de DACA, aproximadamente 537,000 personas, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
El impacto afecta particularmente a la comunidad mexicana. Alrededor del 81% de los inscritos en DACA son mexicanos, seguidos por El Salvador, Guatemala y Honduras. La incertidumbre sobre el futuro de DACA resalta la compleja realidad que enfrentan estos jóvenes, quienes llegaron a Estados Unidos sin culpa propia y ahora contribuyen a la sociedad estadounidense. Texas y otros estados argumentaron que el programa les generaba costos adicionales en salud y educación.
Mientras tanto, el fallo judicial mantiene una suspensión que permite a los actualmente inscritos en DACA mantener su estatus legal provisional. La situación permanece incierta, a la espera de futuras resoluciones legales y acciones del gobierno entrante. La comunidad espera con ansias una resolución definitiva que brinde claridad y seguridad a las miles de familias afectadas.