Hablamos de los pagos del Seguro Social, una fuente vital de ingresos para más de 70 millones de estadounidenses, según la Administración del Seguro Social (SSA). A partir de enero de 2025, una reforma tributaria ha entrado en vigor en gran parte del país, modificando la forma en que se gravan estos beneficios.
El dato clave: 41 estados han decidido eliminar los impuestos estatales sobre los pagos del Seguro Social. Esto significa que millones de jubilados, personas con discapacidades y beneficiarios de sobrevivientes verán un aumento considerable en sus ingresos disponibles.
Entre los estados que ya no gravan estos beneficios se encuentran gigantes como California, Florida, Texas y Nueva York, junto a otros 37 más. La lista completa incluye: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Misisipi, Misuri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin, Wyoming y el Distrito de Columbia.
"La eliminación de estos impuestos permitirá a los jubilados retener un mayor porcentaje de sus ingresos," señala un informe conjunto del Centro de Política Tributaria del Urban Institute y la Brookings Institution.
Sin embargo, esta decisión no es universal. Nueve estados mantienen la tributación estatal sobre los beneficios del Seguro Social: Colorado, Connecticut, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Utah y Virginia Occidental. En estos casos, la carga impositiva suele estar ligada al impuesto sobre la renta estatal.
Las implicaciones de esta reforma son variadas. Mientras los jubilados en 41 estados celebran un aumento en sus ingresos, expertos analizan el posible impacto en las finanzas estatales y la financiación de programas públicos. La Tax Foundation sugiere que la exención fiscal podría estimular el consumo, mientras otros economistas advierten sobre potenciales reducciones en la recaudación estatal.
A nivel federal, la situación permanece inalterada. Los beneficios del Seguro Social siguen sujetos a impuestos federales, según el ingreso del beneficiario, de acuerdo con el IRS (Servicio de Impuestos Internos). El Formulario SSA-1099 sigue siendo la herramienta para declarar estos ingresos.
Finalmente, algunos estados que aún gravan estos beneficios están considerando reformas para el futuro, abriendo un debate que continuará en los próximos años sobre el equilibrio entre la carga fiscal de los jubilados y la necesidad de financiar servicios públicos.