Esto implica un aumento significativo en el tiempo de residencia requerido para obtener la residencia permanente, pasando de cinco a catorce años. Además, se le otorga al Ejecutivo un poder considerable para arrestar y deportar a ciudadanos no estadounidenses. Esta decisión revive una normativa del siglo XIX, que, cabe recordar, fue ampliamente impopular y contribuyó a la caída del presidente John Adams.
Simultáneamente, se anunció el despliegue de tropas a la frontera con México, como parte de una estrategia para combatir lo que el presidente Trump denomina "la desastrosa invasión de la frontera". Esta acción, junto con la declaración de emergencia nacional para frenar la inmigración irregular, forma parte de una ofensiva integral para endurecer el control fronterizo.
Otra medida polémica es la designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Esta decisión, con implicaciones geopolíticas significativas, podría dar pie a intervenciones militares en territorio mexicano y aviva las tensiones con el gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum.
El impacto inmediato se ha visto reflejado en la aplicación CBP One, herramienta utilizada por miles de migrantes para programar citas de asilo. Su repentina inoperatividad ha dejado a 30,000 personas en incertidumbre, con sus citas canceladas en las próximas semanas. Se rumorea que nuevas restricciones podrían afectar a ciertas nacionalidades en el futuro.
El regreso del programa "Quédate en México", que obligaba a los migrantes a esperar en territorio mexicano la resolución de su caso, también promete nuevas fricciones con el gobierno mexicano. Este programa, que afectó a 75,000 inmigrantes durante la anterior administración Trump, fue suspendido en 2022. A pesar de la disminución en el número de cruces fronterizos en los últimos meses, las nuevas políticas de Trump apuntan a un giro radical en la gestión migratoria estadounidense.
“El cambio comienza hoy e inicia de forma muy rápida”, aseguró Trump en su discurso.
La administración Trump también pretende eliminar el derecho al asilo y pausar la reubicación de refugiados por un periodo de cuatro meses.
La situación plantea un panorama complejo, con posibles desafíos legales y un impacto significativo en las relaciones internacionales, particularmente con México.