El presidente Donald Trump, en sus primeras horas en el cargo, firmó una serie de decretos ejecutivos que modifican radicalmente el panorama migratorio. Entre las medidas más relevantes destaca la suspensión del programa de reasentamiento de refugiados, una decisión que ha generado una ola de reacciones a nivel nacional e internacional.
Simultáneamente, se ha reinstaurado la política de "Permanecer en México", obligando a los migrantes a esperar sus audiencias judiciales en territorio mexicano. Esta medida, ya objeto de litigios durante años, promete una nueva batalla legal. A esto se suma la eliminación del programa de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), un programa que, a través de la aplicación CBP One, había permitido la migración temporal de más de 530,000 personas durante la administración Biden.
“La aplicación CBP One ya no está disponible,” se lee en la página web del programa, dejando a miles con citas canceladas. Esta aplicación, diseñada para gestionar las citas de inmigración electrónicamente y disuadir la llegada masiva a la frontera, ha procesado más de un millón de solicitudes. Su eliminación inmediata representa un cambio abrupto en la estrategia migratoria.
El discurso inaugural del presidente Trump, donde amenazó con enviar tropas a la frontera sur y designar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras, refleja la contundencia de su enfoque en materia de seguridad nacional. Aunque las cifras de cruces fronterizos en diciembre alcanzaron su nivel más bajo desde 2019, según la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la nueva política promete una realidad muy diferente.
La Casa Blanca justificó la suspensión del reasentamiento de refugiados argumentando una “sobrecarga en las comunidades que se vieron obligadas a albergar grandes poblaciones de migrantes, afectando la seguridad y los recursos.” Esta declaración, sin embargo, ha sido recibida con fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La situación en la frontera sur y las implicaciones a largo plazo de estas medidas ejecutivas aún son inciertas, configurando un escenario complejo que requerirá una observación continua en los próximos meses.