Las medidas tomadas por la administración actual buscan, según sus declaraciones, reforzar la seguridad nacional, pero las consecuencias son de amplio alcance y han generado un profundo debate.
El epicentro de la situación se centra en las acciones del presidente Donald Trump, quien ha implementado una serie de órdenes ejecutivas con implicaciones drásticas. Entre ellas, destaca la declaratoria de emergencia nacional en la frontera, autorizando al Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) a desplegar tropas para combatir lo que el presidente define como una “invasión”, haciendo referencia a la migración ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Esta decisión ha provocado un fuerte rechazo por parte de sectores de la población y de la comunidad internacional.
Pero la controversia va más allá de la militarización de la frontera. Trump ha elevado la apuesta al designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. En una orden ejecutiva, se describe a estos grupos como entidades que “controlan funcionalmente, mediante una campaña de asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal que llega a través de la frontera sur de los Estados Unidos.” La posibilidad, insinuada por el mismo presidente, del despliegue de fuerzas especiales en territorio mexicano, ha incrementado la tensión diplomática.
Las medidas impactan directamente a la población mexicana de diversas maneras. Una de las más polémicas es la decisión de revocar la ciudadanía estadounidense por nacimiento a los hijos de migrantes indocumentados nacidos en suelo americano. Esta medida, basada en una interpretación controvertida de la 14ª Enmienda de la Constitución, ha generado una ola de críticas y anticipaciones de demandas por inconstitucionalidad. El presidente Trump ha defendido la medida asegurando que “tenemos buenas bases. La gente quería esto desde hace décadas.”
Además, se han implementado otras medidas como la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, justificados por la administración como una respuesta al flujo de migrantes y fentanilo. El anuncio del cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América, a pesar de su carácter simbólico, refleja la postura contundente de la administración con respecto a México. Paralelamente, el restablecimiento del programa "Quédate en México" y la cancelación de la aplicación móvil CBP One, agudizan la situación para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.
En contraste con este panorama de tensión, el Senado confirmó por unanimidad a Marco Rubio como Secretario de Estado. Su nombramiento, como primer hispano en ocupar el cargo, añade una capa de complejidad a la situación, destacando el peso de la política interna en las decisiones de política exterior.