El foco de la controversia recae en una nueva orden ejecutiva firmada por el expresidente Trump, que establece una clasificación binaria de género: masculino y femenino. Esta determinación se basará, según el documento, en la "composición biológica al nacimiento, definida por la presencia de óvulos o espermatozoides", dejando de lado otros criterios de identidad de género. Esta decisión ha desatado reacciones encontradas en todo el espectro político.
La medida, justificada por algunos como una simplificación de los procesos gubernamentales y una protección para las mujeres en el deporte, es vista por otros como un acto de discriminación hacia la comunidad transgénero y no binaria. Sonix Flores, activista de Trans Queer Pueblo, lo expresa con contundencia: “Es transfobia, y cuando nos están borrando de esa manera…es violencia hacia nuestra comunidad.” Flores destaca la preocupación por un posible aumento de la discriminación y violencia contra estas poblaciones, incluyendo el retorno al “clóset” por miedo a represalias.
Desde la perspectiva contraria, Carson Carpenter, presidente de College Republicans en ASU, argumenta que la orden “solo se convierte en un formato más simplista para el gobierno de Estados Unidos”, asegurando que no se vulneran derechos fundamentales. Además, Carpenter destaca la reducción del gasto público en servicios de transición de género, como cirugías y terapia hormonal pagadas con fondos federales, argumentando que es una medida de responsabilidad fiscal.
La orden, que cumple con una promesa de campaña de la administración Trump, no se extiende a la regulación del acceso a baños públicos ni la participación en competiciones deportivas para personas transgénero, dejando estas cuestiones en un terreno legal aún incierto. La implementación de esta orden ejecutiva, y sus consecuencias a largo plazo, siguen siendo objeto de debate y análisis.
Es importante resaltar que el texto de la orden ejecutiva no incluye detalles específicos sobre los mecanismos de implementación ni los recursos que se destinarán para su aplicación, lo que deja espacio para interpretaciones diversas. Se espera que en las próximas semanas se aclaren algunos puntos oscuros, a medida que las instituciones federales se ajustan a las nuevas directrices.