En las afueras de Altadena, César, un inmigrante mexicano de unos 60 años, forma parte de un grupo de voluntarios que limpian los restos de la tragedia. Trabaja como jornalero en la construcción, un oficio que conoce a la perfección tras más de 30 años en California, a pesar de su situación migratoria irregular. Su historia, sin embargo, representa un panorama mucho más amplio.
La sombra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump se cierne sobre la reconstrucción de Los Ángeles. Su segundo mandato, marcado por la promesa de deportaciones masivas, genera una profunda incertidumbre en el sector de la construcción, profundamente dependiente de una fuerza laboral mayoritariamente indocumentada.
“Si hay deportaciones, ¿quién va a hacer el trabajo de esta gran mano de obra inmigrante?”, se pregunta Víctor Narro, director de proyectos del Centro Laboral de la UCLA, al referirse a la crucial labor de los "segundos intervinientes", aquellos que silenciosamente han edificado la ciudad y ahora se enfrentan a la amenaza de la deportación.
Las dificultades para reconstruir ya eran significativas: el complejo proceso de permisos, los retrasos en los pagos de seguros, y el altísimo costo de la vivienda en Los Ángeles. Ahora, con miles de desplazados y la posibilidad de una reducción drástica de la fuerza laboral, la situación se agrava considerablemente.
Dougal Murray, CEO de Racing Green Group, una constructora de viviendas de lujo, prevé que las consecuencias se sentirán con mayor fuerza en el sector de la vivienda de bajo costo. “Las personas que tienen un presupuesto más bajo serán más propensas a trabajar con subcontratistas sin licencia o aquellos que emplean a inmigrantes indocumentados”, debido a los menores costos laborales.
Mientras tanto, Bob Kleiman, propietario de una constructora en Woodland Hills, manifiesta su esperanza de que la administración Trump reconsidere sus medidas, conscientes del impacto negativo que podrían tener en una ciudad ya de por sí herida. Sin embargo, las medidas ejecutivas de Trump, incluyendo la declaración de emergencia nacional en la frontera y la amenaza de retirar fondos federales a las "ciudades santuario", pintan un panorama desalentador.
La escasez de trabajadores de la construcción ya era un problema antes de los incendios. Más de un tercio de los trabajadores del sector en Estados Unidos son extranjeros, y California cuenta con la mayor proporción de trabajadores nacidos en el extranjero en la construcción, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. El Foro Nacional de Inmigración estima que casi una cuarta parte de la mano de obra de la construcción en Estados Unidos está compuesta por trabajadores indocumentados.
Cameron Irwin, propietario de Cambuild Constructions, describe la dificultad de encontrar mano de obra calificada: “Construir una casa es agotador… Ahí es donde entran los trabajadores indocumentados”. Su propia casa, destruida por los incendios, es un reflejo de la realidad a la que se enfrentan miles de habitantes de Los Ángeles.
Las palabras de César resuenan como un eco de la incertidumbre que domina la escena: “California es la quinta economía del mundo… Si estas amenazas de deportación se llevan a cabo, tendría un enorme impacto no solo a nivel estatal. Sería destructivo.”