Recientemente, el tema de las redadas del ICE ha generado una ola de incertidumbre entre la comunidad inmigrante. La administración Trump, como recordaremos, anunció una serie de operativos a gran escala, extendiendo el alcance más allá de los tradicionales puntos de control como restaurantes y lugares de trabajo, incluyendo ahora escuelas, hospitales e iglesias. Esta situación pone en riesgo a cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos, y es crucial entender cuáles son sus derechos.
El proceso, una vez que una persona es detenida por el ICE, es bastante específico. Primero, detención y procesamiento. Esto implica el traslado a un centro de detención del ICE o una cárcel local, donde se recopilan datos biométricos (huellas dactilares, fotografías) y se realiza un interrogatorio sobre su historial migratorio. Posteriormente, se emite un Aviso de Comparecencia (NTA) ante un juez de inmigración, dando inicio al procedimiento de deportación. A pesar del derecho a un abogado, el gobierno no lo proporciona, dejando a los inmigrantes la responsabilidad de buscar y pagar sus propios representantes legales.
Las condiciones en los centros de detención, es importante destacarlo, son frecuentemente criticadas por ser sobrepoblados, con atención médica deficiente y condiciones de vida precarias. En algunos casos, se puede solicitar la libertad bajo fianza o libertad condicional mientras se resuelve el caso, con fianzas que pueden variar entre cientos y miles de dólares. El proceso culmina con una vista judicial, donde el juez decidirá la deportación o el permiso de permanencia en Estados Unidos.
Pero, ¿quién está realmente en riesgo? La ley permite la deportación a personas indocumentadas y aquellas con estatus legal pero con condenas o infracciones penales, independientemente de la antigüedad de la condena, la gravedad del delito, o el estatus migratorio actual. El ICE prioriza a quienes se consideran una amenaza a la "seguridad nacional" o la "seguridad pública".
Si el ICE te detiene, recuerda tus derechos. Si te detienen en la calle, pregunta "¿Soy libre de irme?". Si la respuesta es no, tienes derecho a permanecer en silencio, a pedir un abogado y a negarte a cualquier registro sin una orden judicial. En caso de detención en tu casa, exige una orden judicial antes de permitir el acceso. "Abrir la puerta no implica darles derecho a entrar", recalcan los expertos. Nunca te resistas a un arresto, pero sí rechaza dar información innecesaria sobre tu estatus migratorio o origen.
Finalmente, para aquellos que se encuentran en situación de riesgo, se recomienda elaborar un plan familiar que incluya aspectos financieros, de cuidado infantil y médicos. Mantén a mano información relevante y compártela con personas de confianza. Y sobre todo, busca asesoría legal con organizaciones sin fines de lucro para evitar posibles fraudes.