El foco de atención se centra en Donald Trump y una serie de órdenes ejecutivas que, sin duda, generarán un fuerte debate. Específicamente, se trata de la revocación de dos decretos emitidos por su antecesor, Joe Biden, relacionados con la financiación federal del aborto.
Una de las órdenes ejecutivas de Biden, fechada en julio de 2022, respondió a la decisión de la Suprema Corte de revocar Roe v. Wade, eliminando la protección federal al aborto y dejando la decisión a cada estado. Biden argumentó que se trataba de una "crisis sanitaria" que requería una intervención federal para garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto. Su segundo decreto, de agosto del mismo año, reforzaba esta postura.
Trump, por el contrario, argumenta que el Congreso ha mantenido, "durante casi 50 años", una postura contraria a la financiación federal del aborto. Con sus nuevas órdenes ejecutivas, busca poner fin a lo que considera "el uso forzoso del dinero de los contribuyentes federales para financiar o promover el aborto electivo".
Para entender el alcance, hay que considerar que, según el Center for Reproductive Rights (CRR), el aborto es ilegal o está severamente restringido en 23 de los 50 estados, sin excepciones para casos de violación o incesto. Esta situación se ve agravada por la restauración de la Mexico City Policy, que prohíbe la financiación federal a ONGs extranjeras que realizan abortos.
Estas medidas de Trump coinciden con la "Marcha por la Vida" en Washington. En un mensaje en vídeo, Trump prometió a los participantes: "En mi segundo mandato, volveremos a defender con orgullo a las familias y los derechos de los no nacidos, protegiéndolos de los ataques de la izquierda radical contra las iglesias". El impacto de estas decisiones en el acceso a la salud reproductiva en Estados Unidos es un tema que seguirá generando controversia en los próximos meses.
La Oficina de Gestión y Presupuesto tendrá la responsabilidad de emitir las directrices para la implementación de estas órdenes ejecutivas, lo que impactará directamente en las agencias federales y su asignación de recursos. Detalles sobre estas directrices se esperan próximamente.