Estados vs Trump: La rebelión contra las redadas migratorias
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Leonora LagardaEn el epicentro de esta controversia se encuentran trece estados que han optado por limitar la colaboración con las autoridades federales de inmigración, desafiando directamente las políticas migratorias de la administración Trump. Entre ellos destacan California, Nueva York e Illinois, que se han erigido como baluartes de protección para la población inmigrante indocumentada, ofreciendo acceso a servicios públicos como educación y salud, sin importar su estatus legal.
El exdirector del ICE, Tom Homan, confirmó operativos a gran escala en ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, enfocados en comunidades latinas, generando un clima de miedo y preocupación. Esta estrategia federal ha sido respondida con una férrea resistencia en los estados que se niegan a colaborar.
Las iniciativas para proteger a la población inmigrante son diversas y contundentes. Chicago, por ejemplo, ha reforzado sus políticas para impedir que instituciones como escuelas y hospitales colaboren con agentes migratorios. Nueva York, por su parte, ha invertido en programas de educación que empoderan a los inmigrantes, informándolos sobre sus derechos y cómo actuar en caso de una redada.
California y Nueva York han tomado la iniciativa con medidas aún más audaces. El gobernador Gavin Newsom ha emprendido acciones legales contra la administración federal, mientras que el alcalde Eric Adams ha prometido fortalecer los servicios sociales y legales para los inmigrantes indocumentados. Otras entidades, incluyendo Colorado y Nueva Jersey, han adoptado estrategias similares, como la implementada en Denver, donde la policía local no pregunta por el estatus migratorio a las víctimas de delitos, fomentando la confianza y la colaboración.
Las acciones implementadas por estos estados no se limitan a políticas de protección, sino que también buscan garantizar la integración y el bienestar de la comunidad inmigrante. Se trata de un desafío a la autoridad federal con implicaciones de largo alcance en el panorama social y político de Estados Unidos. La resistencia estatal ante las políticas migratorias federales plantea interrogantes sobre el federalismo y la distribución del poder en un país con una población inmigrante tan diversa.
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